Población, actividad económica, turismo, infraestructuras estratégicas, ecosistemas de enorme valor y riesgos climáticos convergen con especial intensidad en una estrecha franja junto al mar. El litoral es así uno de los territorios más valiosos y estratégicos de España y, al mismo tiempo, uno de los más vulnerables. Aprender a gestionarlo mejor será uno de los grandes desafíos territoriales del siglo XXI.
El mundo es cada vez más urbano y también más costero. Estamos asistiendo a un proceso global de litoralización que convierte las costas en uno de los espacios donde confluyen con mayor intensidad algunas de las grandes transformaciones de nuestro tiempo.
España es un buen ejemplo. Nuestro litoral se extiende a lo largo de casi 8.000 kilómetros, 10 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y 25 provincias. Según la delimitación de áreas costeras utilizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este territorio comprende 805 municipios. En 2024, la población empadronada en estas áreas alcanzó los 19,2 millones de personas, de las cuales 18,3 millones residían en municipios urbanos.
Las cifras revelan una marcada concentración territorial: las áreas costeras representan apenas el 8,6 % de la superficie de España y concentran aproximadamente el 40 % de su población censada.
Y ni siquiera ese 40 % refleja toda la realidad.
Las estadísticas administrativas difícilmente capturan la intensa movilidad humana que caracteriza al litoral: propietarios de segundas residencias que pasan temporadas junto al mar; ciudadanos europeos que eligen nuestras costas para residir durante parte del año o disfrutar de su jubilación; trabajadores temporales y nómadas digitales; turistas; y personas procedentes de otros lugares del mundo que llegan en busca de nuevas oportunidades.
Existe, por tanto, una diferencia fundamental entre la población que censamos y la población que realmente utiliza el territorio.
Una población real muy superior
Cada verano esa distancia se hace especialmente visible. Municipios de veinte o treinta mil habitantes adquieren durante semanas dimensiones funcionales propias de ciudades mucho mayores. Aumenta el tráfico, crece la demanda sanitaria, se disparan el consumo de agua y energía y la generación de residuos, mientras los sistemas de abastecimiento, saneamiento, depuración, limpieza, movilidad y otros servicios públicos deben responder a una población muy superior a aquella para la que fueron dimensionados y financiados.
Esta es una de las grandes paradojas de nuestro modelo territorial: administramos poblaciones censadas, pero gestionamos territorios habitados.
Chipiona ofrece cada verano una imagen especialmente elocuente de esta realidad. Este municipio gaditano, con poco más de 20.000 habitantes censados, puede aproximarse, en los momentos de mayor afluencia estival, a las 200.000 personas.
A pocos kilómetros, Sanlúcar de Barrameda muestra otra dimensión del mismo desafío. Con más de 70.000 habitantes censados y sin conexión ferroviaria, la ciudad afronta importantes necesidades de movilidad e infraestructuras que se intensifican durante la temporada alta. El fuerte incremento estacional de población y actividad aumenta también la presión sobre servicios esenciales como el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de aguas residuales, especialmente sensibles en un enclave ambientalmente excepcional: la desembocadura del Guadalquivir, frente al Parque Nacional de Doñana.
Un problema estructural
Chipiona y Sanlúcar no son excepciones ni simples anécdotas locales. Son dos expresiones de un problema estructural que, con distinta intensidad y características, se reproduce a lo largo de buena parte del litoral español: territorios dimensionados y financiados para su población residente que deben responder, durante determinados periodos, a una población real muy superior.
La presión alcanza también a la vivienda. La expansión de las viviendas de uso turístico y el peso de las segundas residencias, junto con otros factores del mercado inmobiliario, tensionan los precios de compra y alquiler en numerosos destinos costeros. Cuando la población local encuentra cada vez más dificultades para permanecer en su propio territorio, el problema deja de ser exclusivamente inmobiliario: afecta a la estructura social, dificulta la retención de talento joven y debilita, en último término, la resiliencia de las propias comunidades.
Pero reducir la presión costera al turismo sería un error. En esta estrecha franja territorial conviven algunos de nuestros ecosistemas más valiosos y productivos —bahías, lagunas costeras, marismas, salinas, playas, dunas, deltas, estuarios y praderas de fanerógamas marinas— con ciudades, puertos, industrias, recursos pesqueros, infraestructuras energéticas y grandes nodos logísticos.
Bajo el océano discurre, además, a través de cables submarinos, la inmensa mayoría del tráfico internacional de datos. En un escenario geopolítico cada vez más complejo, proteger puertos, conexiones energéticas, cables, fronteras y espacios marítimos ha adquirido una dimensión estratégica que trasciende ampliamente la política ambiental.
Las costas son también fronteras. Ceuta lo recuerda de manera especialmente visible: migraciones, seguridad y geopolítica forman igualmente parte de la realidad marítimo-costera europea.
El cambio climático también afecta
Y sobre todas estas tensiones se superpone otra todavía más profunda: el cambio climático.
El aumento del nivel del mar, la erosión y las inundaciones costeras, los fenómenos meteorológicos extremos, el calentamiento y la acidificación del océano, las sequías y la creciente presión sobre los recursos hídricos sitúan al litoral en una de las primeras líneas de exposición climática.
Esta es la España altamente presionada: una geografía donde población, actividad económica, turismo, infraestructuras estratégicas, presiones ambientales, riesgos climáticos y necesidades de adaptación e inversión convergen en una estrecha y frágil franja junto al mar. El verdadero desafío reside en nuestra capacidad para anticipar esas presiones, gobernarlas y adaptarnos a una realidad en transformación.
Frente a una realidad profundamente interdependiente, seguimos respondiendo con demasiada frecuencia desde competencias, escalas y políticas fragmentadas. Pero la costa funciona como un sistema. La erosión, las inundaciones, la contaminación o la pérdida de biodiversidad no se detienen ante un término municipal ni distinguen entre administraciones. Tampoco lo hacen los flujos de población, la actividad económica o los impactos climáticos.
Gestionar mejor nuestras costas exige dejar de administrar problemas aislados para empezar a gobernar sistemas complejos e interdependientes.
Gestionar la costa
Europa parece avanzar ya en esa dirección. La nueva Estrategia de la UE para unas Comunidades Costeras Resilientes, Prósperas y Habitables propone una mirada integrada sobre estos territorios. Tres conceptos sintetizan bien el cambio de paradigma: prosperidad, resiliencia y habitabilidad.
Prosperidad para construir una economía azul más diversificada, innovadora y sostenible. Resiliencia para anticiparnos y adaptarnos al cambio climático y reforzar nuestra capacidad de respuesta frente a perturbaciones ambientales, económicas y estratégicas. Y habitabilidad para conseguir que nuestras costas sigan siendo lugares atractivos no solo para visitar, sino también para vivir, trabajar, emprender y prosperar.
España tiene ahora la oportunidad de incorporar esa mirada a sus políticas públicas. El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática debería reconocer la singularidad de nuestros territorios costeros y contribuir a un modelo capaz de generar bienestar y riqueza sin erosionar el capital natural y social que los sostiene. En definitiva, prosperar dentro de los límites biofísicos del territorio.
No se trata únicamente de proteger la costa. Se trata de comprender su verdadero valor y gobernarla en consecuencia. Porque en ella convergen algunas de las fuerzas que están definiendo el siglo XXI: el clima, la seguridad, la energía, la alimentación, la innovación, la economía y los grandes movimientos de población.
Durante demasiado tiempo hemos contemplado la costa como el lugar donde termina la tierra, como el borde del mapa.
Quizá haya llegado el momento de invertir la mirada.
Porque la costa no es el final del territorio. Es uno de los lugares donde comienza nuestro futuro.
María Gálvez del Castillo Luna es oceanógrafa y ambientóloga. Fundadora y CEO de Smart Blue Lab y embajadora del Pacto Climático Europeo.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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