Marta Montojo
Madrid, 23 oct (EFE).- La 29ª cumbre del clima de la ONU, que se celebrará entre el 11 y el 22 de noviembre en Bakú (Azerbaiyán), deberá afrontar de nuevo la polarización entre las economías industrializadas y los países en vías de desarrollo, que siguen sin fiarse de que los estados ricos vayan a aportar el dinero necesario para afrontar la crisis climática de una manera que llegue a sus cuentas y que no les ahogue en deuda.
Tras los últimos encuentros entre las partes –un diálogo ministerial informal en Nueva York durante la semana del clima y una reunión formal en la precumbre celebrada en la capital azerí–, persiste un ambiente de tensión, según han confirmado diferentes fuentes de la negociación. El asunto que centra la discusión, y que se espera protagonice las conversaciones de Bakú, es cómo financiar la acción climática:la mitigación del calentamiento global, por un lado, y la adaptación y las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, por otro.
En concreto, las protagonistas de la COP29 de Bakú serán cuatro letras: NCQG, que responde a las siglas en inglés de “Nueva Meta Cuantificada y Colectiva”.
En Bakú se dará además el pistoletazo de salida a los fondos con los que los países ricos aspiran a compensar a las economías emergentes por las pérdidas y los daños que el calentamiento global ya ha provocado en esos estados más vulnerables a la crisis climática, tras dos años de trabajo en que se han resuelto algunas cuestiones técnicas del nuevo Fondo, como dónde se aloja (el Banco Mundial, provisionalmente) y quién lo dirige (el senegalés Ibrahima Cheikh Diong, en los primeros cuatro años).
Las partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) llevan desde 2021 negociando la nueva meta de financiación –que, por mandato del Acuerdo de París, reemplazará al anterior objetivo de destinar 100.000 millones de dólares anuales a la acción climática– pero en este tiempo los países no han conseguido ponerse de acuerdo sobre qué estructura adoptará, ni tampoco sobre si se podrán contabilizar como financiación climática de NCQG solamente los flujos Norte-Sur o también los Norte-Norte.
“Cada grupo de negociación tiene sus diferentes puntos de vista, pero los grandes bloques en divergencia son los países desarrollados versus los países en desarrollo”, explica a EFE la fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, quien ha estado presente durante las discusiones en torno a NCQG.
Los países en desarrollo sólo admiten que se cuenten los flujos Norte-Sur porque eso supondría que una cantidad fija estará asegurada para ellos. Pero contar también como parte de esta meta, por ejemplo, las inversiones de Francia en proyectos renovables en Alemania, no resolverá a su juicio el problema de acceso a la finanaciación que denuncian.
Estos países salieron de las últimas reuniones sin mucha confianza, y con el ambiente aún muy crispado, según han informado a EFE negociadores de un país en desarrollo, que han tachado la postura de los países ricos de “criminal”.
El aguacate, la cebolla… la ensalada de la financiación climática
Acusan además a los estados desarrollados de estar derivando la atención mediática a la discusión sobre qué estructura podrá adoptar la nueva meta colectiva de financiación climática: si se dota de varias capas, como una cebolla, en que se vaya dando más espacio al sector privado, o si cuenta con apenas dos, como una aguacate, con un núcleo duro de financiación pública garantizada. Pero, en el fondo, según estos negociadores el tema más polarizador ahora mismo es si se van a poder contabilizar como financiación del NCQG las inversiones Norte-Norte.
Si esa tensión no se resuelve en Bakú, lamentan que será difícil que la nueva meta pueda aprobarse para 2025, como pide el Acuerdo de París.
El «Acuerdo de Paris» @deunvistazo en efeverde @COP21. Infografía ambiental en EFEverde.
“Crisis de endeudamiento”
En parte, los países en desarrollo alegan que desconfían de los desarrollados porque no están viendo que los fondos prometidos durante años lleguen efectivamente a sus cuentas y constatan en cambio una “crisis de endeudamiento” que se acentúa conforme avanza la crisis climática.
Para costear la mitigación –la reducción de las emisiones, que pasa por descarbonizar un modelo productivo basado en combustibles fósiles– y la adaptación – para resistir mejor los impactos que ya son inevitables-, el mundo en desarrollo tiene que echar mano de préstamos que terminan engrosando sus deudas. Así, estos países piden que la financiación climática pública se dé en forma de subvenciones.
“No puede existir el riesgo como criterio de medida de la tasa de interés, ni así tasar los préstamos. Rebajar el riesgo en la deuda del tercer mundo es hoy sustancial. Si los fondos de capital y los fondos de pensiones de los países vivos cimentan su rentabilidad en las economías de los países pobres, dejarán a la humanidad sin los instrumentos para superar la crisis climática”, señaló el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la inauguración de la cumbre de biodiversidad que se celebra en la ciudad colombiana de Cali.
Por otro lado, desde la delegación consultada, que prefiere mantener el anonimato, critican que más del 80% de la inversión en acción climática está concentrada en los mercados de los países ricos. Así, temen que si se acepta que la meta incluya flujos Norte-Norte, los estados desarrollados terminarán destinando menos dinero a costear la crisis climática en países donde esos recursos hacen falta.
Quién da, quién recibe
Un principio que reconoce el Acuerdo de París, y que está presente durante todas las discusiones de estas cumbres, es el de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Si bien la lucha contra la crisis climática es algo en lo que tienen que participar todos los países, no todos ellos han contribuido por igual al calentamiento global, y por tanto hay unos que deben hacerse cargo en mayor medida. La culpa climática de Estados Unidos, el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero, dista mucho de la que tendría, por ejemplo, Vanuatu. Por otro lado, coincide que los países que menos gases invernadero emiten son los más vulnerables a los efectos de la crisis climática (generalmente, los que tienen menos recursos para adaptarse).
Según esta delegación, y como confirman otras fuentes consultadas (observadores presentes en las negociaciones sobre financiación sobre NCQG), el único país industrializado que ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la movilización de fondos sea únicamente en la dirección Norte-Sur es Reino Unido. El resto de los considerados como estados desarrollados aboga por incluir en el NCQG la financiación “de todos para todos”.
Esto no se refiere solo a los fondos públicos sino también a la movilización de capital privado. “La discusión de quién da y quién recibe se ha enfocado mucho más en que tengamos el mismo marco narrativo, pero tiene que ver con flujos públicos”, argumenta un negociador, que también afea que los facilitadores en estas discusiones sobre NCQG, Egipto y Australia, hayan usado en su propuesta un lenguaje que favorece la intención de los países desarrollados de que la meta se vea como un “todos para todos”.
“Para los países en desarrollo el riesgo más grande que tiene generar una meta de inversión de esta naturaleza es que eso puede diluir los compromisos históricos que tienen los países desarrollados”, precisa Guzmán.
“El Acuerdo en París es muy claro en separar lo que tiene que ver con flujos financieros para la financiación de la acción climática global y las responsabilidades hacia los países en desarrollo. Nuestra demanda no es sólo lectura jurídica de obligaciones. Es un tema de sentido común”, asevera esta fuente.
Chimeneas de una planta de energía de carbón en Changchun, en China. EFE/GENE WONG/ARCHIVO
Qué pasa con China
Por otro lado, la especialista en diplomacia climática Ana Mulio, analista en el think tank E3G, apunta que el proponer que las inversiones de “todos para todos” sean contadas como el NCQG es, en parte, una manera que tienen los países ricos de incluir a China entre los contribuyentes a la financiación climática.
El problema con China es que la Convención de la ONU sobre Cambio Climático –una suerte de Constitución para las COPs– divide a los países entre los que están en desarrollo (Anexo I) y los desarrollados (Anexo II). Y en esa clasificación, hecha en 1992, incluye a China dentro del primer grupo. Sin embargo, a día de hoy se trata del país con más emisiones de CO2 totales y tanto desde la Unión Europea como Estados Unidos arguyen que ya no se lo puede considerar un país en desarrollo, pues el mundo ha cambiado en los últimos 30 años y no se puede seguir usando el mismo criterio.
Pero además de la dificultad para reformar esta clasificación de la Convención –que sería, en palabras de Mulio, “un caos”–, elegir el criterio que se podría aplicar ahora es, en sí, una cuestión polémica. “Si se mira la riqueza total versus la riqueza per cápita, ahí India o China a lo mejor siguen siendo países en desarrollo”, argumenta la experta.
Esta analista sostiene que, ante la complejidad de abrir un proceso para reformar la Convención y elegir un nuevo criterio –algo que, juzga, difícilmente China aceptaría–, los países desarrollados están “jugando con el sistema”. “Quieren incluir a China, pero no quieren incluir a India, porque creo que todos estamos de acuerdo, más o menos, en que China es bastante más rica que India”.
La opción “más aceptable” a la que ella prevé se puede llegar es “que los que tienen que dar dinero bajo la nueva meta sean los de siempre, pero que inviten a otros”.
Fuentes públicas y privadas
En cuanto al papel que jugará el sector privado, Mulio defiende que “hay un consenso” sobre que la financiación pública es, por sí sola, insuficiente para poder costear la acción climática necesaria para impedir que se supere el grado y medio de calentamiento global respecto a la temperatura media de la era preindustrial.
Abordar este desafío podrá rondar entre tres y cinco millones de millones (trillion, en inglés). Mientras muchos países desarrollados alegan que no tienen la capacidad fiscal suficiente para cubrir esas cifras, desde las organizaciones de la sociedad civil reclaman que “no hay hueco para estas cosas pero hay hueco para otras”, en palabras del coordinador de Clima de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, que se refiere, en concreto, a la industria armamentística.
Por otro lado, Andaluz critica que “no hay una estructura que permita una fiscalidad justa”, y que por tanto impida la evasión fiscal de la que se benefician muchas empresas transnacionales. EFEverde
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