Madrid.- La bicicleta compartida se ha posicionado como una alternativa al transporte privado que no solo transforma la movilidad, sino que también impacta positivamente en el sistema sanitario, la productividad y la descarbonización. Sin embargo, su despliegue es desigual en las ciudades españolas.
Un problema que, de solucionarse, podría generar 121 millones de euros en beneficios sociales y evitar la emisión de más de 26.500 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año a nivel nacional, según un informe elaborado por la compañía de movilidad Fifteen.
El estudio, que se basa en el análisis de 144 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que representan más del 55 % de la población del país, sitúa a los sistemas de bicicleta compartida como un servicio clave para la movilidad de las personas, a conectar a los ciudadanos con el empleo, la educación y los servicios esenciales.
Según el informe, realizar un despliegue óptimo de estos sistemas en las ciudades podría tener un impacto económico de 121 millones derivado de factores ambientales y sociales como la reducción de las emisiones, el ahorro sanitario asociado a una mayor actividad física y la mejora de la productividad debido a una movilidad más activa.
En este sentido, estima que por cada euro invertido en bicicleta compartida, la sociedad podría recibir entre 1,1 y 1,75 euros en beneficios sociales en función del despliegue, lo que sitúa este modelo «como uno de los sistemas con mayor retorno social dentro de las políticas de movilidad urbana».
Todo ello en un sistema que podría tener 6,85 millones de usuarios activos potenciales al año si todos los municipios analizados desplegaran los servicios a capacidades óptimas.
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Un país a dos velocidades
Pese a que España cuenta en la actualidad con alrededor de 32.000 bicicletas compartidas, la implantación de estos sistemas es desigual, ya que hay ciudades en la que este servicio está consolidado, mientras que en otras directamente no se ha desarrollado o se ha hecho por debajo de su capacidad.
En este sentido, el informe destaca que las ciudades de más de 500.000 habitantes concentran el mayor volumen potencial de usuarios de bicicleta compartida. Además, cuentan con altos niveles de seguridad para moverse en bicicleta y sus ciudadanos están habituados a combinar distintos tipos de transporte, por lo que el desafío aquí no es la demanda -que existe- sino cómo se gestionan las flotas y la infraestructura.
En los municipios medianos -entre 50.000 y 100.000 habitantes- la entrada de estos sistemas podría desplazar al coche y evitar un 21 % más de emisiones de CO2 que en las grandes ciudades.
Madrid, la ciudad con más usuarios potenciales
De las ciudades estudiadas, Madrid (más de 800.000 ciudadanos), Barcelona (unos 527.000) y Palma (más de 330.000) son las tres ciudades con mayor potencial de usuarios de bicicleta compartida en España.
Le siguen Valencia, Sevilla, Málaga, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria y Arona (Santa Cruz de Tenerife).
No obstante, tres de estas ciudades (Málaga, San Bartolomé de Tirajana y Arona) no disponen de este servicio en la actualidad, según el informe.
El estudio también destaca fenómenos como la estacionalidad en destinos turísticos, donde la demanda puede llegar a multiplicarse en determinados momentos del año, lo que hace que sean necesarios modelos de gestión más flexibles y adaptados a cada contexto urbano.
Además, pone en relieve que el potencial para reducir las emisiones depende del contexto urbano, el tamaño del municipio y, sobre todo, el tiempo de desplazamiento que la bicicleta reemplaza en el día a día, ya que no es lo mismo sustituir un trayecto en coche que uno en metro o autobús.
Avanzar hacia modelos integrados
En este contexto, desde Fifteen consideran necesario avanzar hacia modelos integrados, que combinen servicios de bicicleta compartida para alquiler a corto y largo plazo, así como su conexión con otros transportes públicos.
Además, piden evitar la fragmentación de los usos, adaptar las infraestructuras a las diferentes realidades urbanas y garantizar la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, más allá de los fondos europeos.
«Ha llegado el momento de dar un paso más en cómo se entiende la bicicleta compartida: no como un servicio aislado, sino como una pieza estructural clave para avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes», ha afirmado el director general de la compañía, Artur Munne.
Todo para que la bicicleta se consolide como «una de las palancas con mayor capacidad para transformar la movilidad urbana en España», en un momento «decisivo» para el futuro de las ciudades. EFE Verde
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