Madrid.- Una veintena de investigadores científicos han denunciado en una carta enviada a la revista Science que la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía están autorizando la captura de aves cantoras (jilgueros, pardillos, verderones y verdecillos) amparándose en estudios que no cumplen con «los estándares científicos y éticos esenciales».
Los científicos, encabezada por el investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) Juan José Negro, se quejan de la instrumentalización de la ciencia en estas dos comunidades para justificar estas capturas.
«Dado que la caza ya no es una opción legal, la captura ha resurgido bajo el pretexto de la investigación científica», aseguran los científicos en la carta.
La Directiva de Aves de la Unión Europea (UE) prohíbe estrictamente la captura y tenencia de aves cantoras silvestres en los Estados miembros, excepto en circunstancias científicas estrictamente definidas.
En España, la captura fue suspendida en todo el país en 2018, aunque antes de que esto ocurriera, alrededor de 1,7 millones de aves fueron capturadas legalmente entre 2013 y 2018, según recoge la carta.
Autorizaciones en Madrid y Andalucía
En ella, detallan que la Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, autorizaron a partir de 2018 y 2024, respectivamente, permisos científicos de anillamiento para tramperos de aves, con validez anual y aplicables incluso dentro de espacios protegidos.
Estas autorizaciones se han canalizado a través de programas como Sefricam en Madrid y el programa de seguimiento de fringílidos en Andalucía, que conceden permisos a silvestristas federados de caza.
«En Madrid y Andalucía, cientos de tramperos autorizados están inscritos como científicos ciudadanos en ‘proyectos científicos’, pero utilizan señuelos vivos en jaulas y trampas de aplastamiento, lo que infringe la normativa de la UE», recoge la carta.
Y continúa: «El objetivo declarado de estos proyectos —evaluar si las poblaciones de pinzones podrían soportar una futura captura ‘sostenible’ por parte de los mismos voluntarios— crea un conflicto de intereses inherente que es incompatible con una práctica científica creíble y con los objetivos de conservación».
No cumplen con los estándares
Los firmantes explican que la investigación ornitológica legítima llevada a cabo por instituciones acreditadas está sujeta a una estricta revisión ética, protocolos estandarizados y supervisión por parte de los programas nacionales, mientras que las iniciativas de Andalucía y Madrid no cumplen con los estándares científicos y éticos necesarios.
«Estas acciones carecen de transparencia metodológica, supervisión independiente y presentación de datos abiertos, todos ellos requisitos fundamentales para una ciencia reproducible y fiable», continúan.
Además, denuncian que la apropiación del lenguaje científico «para legitimar la captura tradicional o recreativa» corre el riesgo «de erosionar la confianza pública en la ciencia de la conservación y pone en peligro el cumplimiento de la legislación de la UE».
La carta está firmada por investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC–Universidad de Castilla-La Mancha), la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), la Universidad de Huelva, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, la Sociedad Científica Aranzadi y SEO/BirdLife. EFEverde
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