Hoy termina el plazo para presentar alegaciones al real decreto que regulará la sostenibilidad de los centros de datos

El pasado 25 de agosto el Gobierno anunció que se había aprobado la tramitación urgente de un proyecto de real decreto en el que, entre otras cosas,  se planteaba que los nuevos centros de datos llevaran vinculadas nuevas plantas renovables capaces de generar al menos el 80 % de su consumo eléctrico, además de imponer exigencias en ciberseguridad y soberanía digital.

Dos días después, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió públicamente la futura norma como una herramienta “fundamental” para que estas instalaciones se implanten “en las mejores condiciones”, sin impacto en la factura energética de hogares e industria. El Ejecutivo justificó la regulación por el volumen de solicitudes de acceso a la red asociadas a este tipo de proyectos, que, según los fragmentos, ya superaban con creces las previsiones oficiales de potencia de computación para 2030.

La apertura de la audiencia pública activó de inmediato el periodo de alegaciones. La patronal Spain DC anunció el 31 de agosto que presentaría objeciones y reclamaría cambios sustanciales, al considerar que el texto podía convertir a España en el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el Gobierno reconoció que negociaba con grandes multinacionales del sector para ultimar los detalles de la norma y tratar de alcanzar un acuerdo razonable.

En paralelo, varias comunidades autónomas expresaron su rechazo. Aragón denunció que el decreto cambiaba las reglas del juego sin diálogo previo y advirtió de inseguridad jurídica mientras que Andalucía calificaba algunas exigencias de “restricciones inasumibles”. Extremadura pidió retirar el texto y replantearlo con consenso junto a autonomías y el sector y Castilla-La Mancha anunció alegaciones y dejó abierta incluso la vía judicial.

Junto a esas objeciones institucionales y empresariales, el proyecto ha quedado también bajo presión de colectivos críticos con el impacto ambiental de los centros de datos. El colectivo aragonés “No es sequía, es saqueo” sostuvo el 28 de agosto de 2026 que el decreto llega tarde y es poco ambicioso, porque no ordena realmente el sector ni frena la aparición de nuevos macrocentros. Además, advirtió de que obligar a vincular estas instalaciones a nuevas plantas renovables podría desencadenar una nueva oleada de megaproyectos energéticos sin planificación suficiente.

También Teruel Existe presentó alegaciones el 1 de septiembre al considerar que el texto no resuelve adecuadamente el impacto territorial y ambiental de estas infraestructuras. La organización alertó sobre el consumo de agua, la ocupación de suelo, la presión sobre la red eléctrica y la posible especulación con la capacidad de acceso, y reclamó una planificación pública que determine cuántos centros son necesarios, dónde deben ubicarse y en qué condiciones.

Las críticas ecologistas se insertan además en un debate previo sobre el modelo de expansión del sector. Ya en febrero de 2025, un representante de Ecologistas en Acción calificó la implantación de macrocentros de datos en Aragón como un “gran tsunami” por su enorme demanda de electricidad y agua y por el sacrificio de recursos que, a su juicio, podría restarse a otras actividades prioritarias. Esa organización defendía entonces la necesidad de un debate público más amplio sobre unas infraestructuras que consideraba opacas y muy intensivas en recursos.