Sevilla.- Greenpeace ha documentado con fotografías y vídeos cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar (Sevilla), que contiene los lodos tóxicos del desastre medioambiental ocurrido hace 28 años, se está «filtrando y contaminando» los ríos Agrio y Guadiamar y llegando al Guadalquivir.
Pocas semanas antes de que se cumpla el 28 aniversario de la rotura de la balsa minera explotada entonces por la empresa Boliden, la organización ecologista ha denunciado que el drenaje ácido de aguas color azul turquesa alberga una gran cantidad de metales pesados.
Esta situación, ha expuesto en un comunicado, se ha visto agravada tras el pasado tren de borrascas que ha azotado la geografía andaluza con especial virulencia.

La organización ecologista avisa de que, con independencia de que esta instalación no esté en fase de explotación, la gestión de los pasivos mineros es responsabilidad de la actual empresa adjudicataria de la mina, el Grupo México.
Greenpeace ha recordado que la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la filial del Grupo México Minera Los Frailes para la reapertura de la mina, lo que implicaría el vaciado de 85.520 millones de litros de aguas «tóxicas» en el estuario del Guadalquivir durante más de 18 años.
La organización, junto a Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, ha interpuesto un recurso de alzada para exigir la anulación de la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera, que tachan de nula de pleno derecho.
Este vertido se sumaría al previsto por la reapertura de la mina de Cobre Las Cruces, otros 32.760 millones de litros de aguas con metales pesados, por lo que la organización cree que la contaminación del estuario «se multiplicaría por diez, poniendo en peligro la agricultura, la pesca e incluso la salud de las personas».
Acusan a la Junta de Andalucía de ‘temeridad’
Greenpeace considera una «temeridad inaceptable» que la Junta de Andalucía pretenda avalar esta reapertura basándose en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con más de una década de antigüedad, e ignore -a su juicio- la «correlación directa ya demostrada» entre la actividad de esta mina y el incremento de la toxicidad en el estuario.
El colectivo se ha referido a los estudios científicos que han demostrado la presencia de metales pesados en el límite o por encima de lo permitido por la Unión Europea en pescados y crustáceos de consumo habitual en la zona.
Greenpeace advierte de que los dos vertidos dejarían «tocado de muerte» al río Guadalquivir y lamenta que la Junta de Andalucía no esté en su opinión teniendo en cuenta sus «efectos sinérgicos».
Los vertidos, ha explicado, afectarían a varios hábitats de importancia comunitaria de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían «una nueva presión» al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana.
‘Alcantarilla minera’
«Lo más preocupante es que este vertido descontrolado es una cantidad ínfima con respecto a lo que se podría producir en caso de que salgan adelante los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces, convirtiendo el Guadalquivir en una verdadera alcantarilla minera», ha declarado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.
Greenpeace exige la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona, y reclama la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces. EFEverde
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