El Gobierno central y las comunidades autónomas evaluarán hoy la situación del lobo en España en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que deberá aprobar el informe sexenal sobre la especie que cada estado de la Unión Europea debe enviar a Bruselas y cuyas conclusiones son determinantes para abrir o restringir la caza de ejemplares para controlar poblaciones.
Mismos datos, conclusiones diferentes
Sobre la mesa habrá dos informes, el elaborado por el Gobierno con datos aportados por las propias autonomías y que concluye que el estado de la especie es desfavorable en las tres regiones en las que se divide su hábitat en España y el elaborado por Galicia y que defiende una mayoría de comunidades, que afirma que su situación es favorable en dos de ellas (atlántica y mediterránea), han explicado desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
Junto a ellos, las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública abierto por el Ejecutivo sobre ambos informes.
Entre esas alegaciones destacan las presentadas por la Sociedad Ibérica para Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM) y la Sociedad Científica para el Estudio y Conservación de los Grandes Depredadores y sus Hábitats Naturales (DIRUS), que consideran que el estado de conservación del lobo es desfavorable y alertan de que la revisión de la especie no puede basarse sólo en una estimación numérica de manadas.
Entre otros factores que deberían tenerse en cuenta en la evaluación, destacan la elevada endogamia y escasa variabilidad genética de las poblaciones españolas y portuguesas, que deben considerarse como una única y que se encuentran aisladas de las del resto de Europa, la degradación y fragmentación de su hábitat o la elevada mortalidad por causas no naturales (furtivismo, caza legal para control de poblaciones, atropellos, envenenamiento, etc).
Contexto
Desde la entrada en vigor en abril de 2025 de la Ley de Desperdicio Alimentario, que supuso una rebaja en la protección nacional del lobo con la salida de las poblaciones al norte del Duero del Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (LESPRE) , la Conferencia, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debe aprobar los informes sexenales a los que obliga la directiva Hábitat antes de su remisión a Bruselas.
El informe era elaborado hasta entonces por el Ministerio con los datos reportados por las propias comunidades autónomas y remitido directamente a la Comisión sin tener que recabar el visto bueno de éstas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Este organismo reúne a Ejecutivo central y autonomías para abordar cuestiones como la protección de especies de fauna y flora silvestre.
El año pasado, el Gobierno, siguiendo la misma metodología que en años anteriores, elaboró el informe sexenal 2019-2024, que concluía que aunque la situación de la especie había mejorado, seguía siendo desfavorable en todas la regiones (atlántica, mediterránea y alpina), pues, entre otras cuestiones no se han alcanzado las 500 manadas que la ciencia indica que se necesitan para garantizar su futuro (se calcula que hay unas 333).
Las comunidades loberas expresaron su descuerdo y la Xunta elaboró un informe en el que asegura que el estado de conservación de la especie es favorable en las regiones atlántica y mediterránea.
Control letal de poblaciones y dudas jurídicas
El que el estado de conservación se considere favorable o desfavorable es fundamental de cara a abrir la mano en lo que respecta a la caza de lobos para el control de poblaciones ante el incremento de ataques a ganado.
Tanto el Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han emitido diferentes sentencias en las que recuerdan a las comunidades que permiten la caza del lobo con fines de control poblacional, que éste sigue protegido por la directiva Hábitats y que sólo se pueden sacrificar ejemplares si no hay otra alternativa y siempre que no se ponga en riesgo a la especie. Además, la caza debe ser selectiva y no por cupos, como se hace hasta ahora.
El Defensor del Pueblo ha recurrido la desprotección del lobo ante el Tribunal Constitucional, ante el que el Tribunal Superior de Xutiza de Galicia (TSXG) ha elevado una cuestión de incostitucionalidad para que se pronuncie sobre la legitimidad de la ley a través de la que se ha llevado a cabo.
Entre otras cuestiones, el alto tribunal gallego señala que no se puede obviar que la desprotección prescindiendo de trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE,
“En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen correspondiendo- a la Administración General del Estado”, señala el TSXG en un auto, que añade que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, pues entiende que debería “basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea”. EFE Verde
atm
La entrada Gobierno y autonomías evalúan la situación del lobo, paso determinante para abrir la mano a su caza se publicó primero en EFE Verde.
