La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados del 8 de abril de 2022 es «esencial» para acometer los retos de la economía circular, pero «llega tarde», según un informe presentado este miércoles por la Fundación Alternativas en colaboración con Ecoembes.
El documento, titulado «Estudio de percepción del impacto socioambiental de la nueva Ley de Residuos», ha sido elaborado por Jesús Gamero Rus, profesor asociado de la Universidad Carlos III; Ricardo Luis Izquierdo, codirector de la Cátedra de Economía Circular de la URJC, y José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la fundación, y «pone en duda» que pueda alcanzar los objetivos planteados ya que de entrada «necesitará de un profundo desarrollo reglamentario».
Según Gamero, de las opiniones de los expertos entrevistados para la elaboración del informe se extrae la conclusión de que esta ley, aunque supone «un gran avance» y su aprobación es «necesaria», debería «haber llegado antes» porque «peca de ambiciosa» al dejar «muchas líneas abiertas» y la consecución de los objetivos marcados es «dudosa».
Durante la presentación, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, ha explicado que según este texto, en 2021 los españoles generaron 23 millones de toneladas de residuos municipales en España, de los cuales sólo un 36 % fue separado para reciclar y un 13 % fue valorizado energéticamente mientras que el 51 % fue a vertedero, porcentajes que son «de vital importancia, por los efectos ambientales profundamente negativos» que suponen.
El sector de los residuos en España, cuenta con una gran «complejidad», que «se refleja en diferentes necesidades y objetivos” para alinear su actuación con las directrices europeas y las visiones e intereses de los diferentes actores implicados, según los autores del documento.
Una de las ideas destacadas es «la ausencia de interés» de los agentes económicos durante la producción, distribución y comercialización, lo que obliga al ciudadano a asumir los costes de los residuos o que aparezcan «deudas ambientales» en forma de basura dispersa, ha afirmado Izquierdo.
A este respecto, la ley propone impulsar la economía circular a través de «una hoja de ruta que permita cumplir los objetivos de la UE» y a la vez facilitar respuestas a las necesidades del sector de la gestión de residuos, mediante un desarrollo reglamentario que «se asiente en un largo proceso participativo» y fomente «la innovación, la creación de empleo y la reducción de la dependencia exterior en materias primas».
La nueva regulación provocará una «modificación estructural» en las formas de producción, distribución y consumo, con idea de generar un consumo más responsable, con menos residuos y que los que se generen sean lo «más reciclables» posible.
La fiscalidad, la evolución de los sistemas de gestión de la transparencia en la información y la responsabilidad ampliada del productor son aspectos esenciales para desarrollar la economía circular, han añadido.
Entre los retos pendientes, figura también la necesidad de que las administraciones locales asuman «en poco tiempo» una «gran cantidad de flujos nuevos de residuos», lo que no será posible sin que los productores asuman su papel y responsabilidad, algo que en la Ley «aún no está solucionado». EFEverde
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