La transición hacia una movilidad más sostenible no es solo una cuestión medioambiental, sino que también conlleva profundas implicaciones sociales.
Por eso, el Fondo Social para el Clima (FSC) -su presupuesto es de 65 mil millones de euros para el periodo de 2026 a 2032- y sus directrices ofrecen una esperanza renovada para el sector del transporte público urbano y metropolitano, apuntalando su rol como pilar fundamental para alcanzar una movilidad equitativa y accesible.
La presentación oficial del Plan Nacional Social para el Clima (PNSC) ante la Comisión Europea, que debe realizarse antes de junio de 2025, es una oportunidad crucial para definir y asegurar las inversiones futuras que permitirán materializar un cambio que se antoja inevitable.
Una solución para sortear la transición a dos velocidades
El desarrollo del transporte público sostenible es clave para conseguir los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea, ya que representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
Por ello, desde ATUC consideramos perentorio identificar con carácter inmediato las medidas y las inversiones específicas que podrían estar cubiertas por el futuro PNSC para cumplir con los objetivos descritos en la Agenda Verde Europea.
Los principales actores involucrados en la transición ecológica de la movilidad no visibilizan adecuadamente la falta de conciencia existente alrededor de la pobreza del transporte.
La movilidad es un derecho esencial que permite el acceso a la educación, al empleo y a servicios básicos como la salud. En este sentido, el FSC debe impulsar las herramientas que aseguren que todos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a opciones de movilidad asequibles y sostenibles.
Esto incluye no solo a los residentes urbanos, sino también a aquellos en áreas suburbanas y rurales que se enfrentan a desafíos únicos en términos de accesibilidad y disponibilidad del transporte.
Es vital que la evolución hacia una movilidad sostenible no cree una brecha entre diferentes territorios.
El FSC debe mitigar esta problemática, proporcionando apoyo financiero a hogares de bajos ingresos, microempresas y a los usuarios del transporte más afectados por la transición hacia la neutralidad climática.
El acceso a un transporte comprometido debe ser un derecho para todos, independientemente de sus limitaciones geográficas, como es el caso de las regiones situadas en los archipiélagos, donde las alternativas de transporte son reducidas y es necesaria una inversión prioritaria para mejorar el servicio tanto en términos de acceso como de frecuencia.
Incremento de usuarios potenciales y su impacto en el transporte público
Según las proyecciones de población dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la migración internacional elevará la población en España a 54,6 millones en 2074, siendo la única fuente de crecimiento demográfico neto debido al saldo vegetativo negativo.
Esta tendencia incrementará inevitablemente la demanda de servicios públicos esenciales como el transporte, que deberá adaptarse a un perfil de usuarios más diverso y numeroso.
Este aumento de usuarios potenciales en el transporte público refuerza la necesidad de invertir en infraestructuras de movilidad urbana y metropolitana que aseguren un acceso equitativo y sostenible en un contexto de cambio climático y desigualdad social.
Inversiones necesarias para una movilidad equitativa
Teniendo en cuenta esta vulnerabilidad del territorio, las inversiones del FSC deben centrarse en varios ejes estratégicos.
En primer lugar, la electrificación de flotas de transporte urbano, con líneas de financiación que permitan alcanzar el 100% de autobuses de emisión cero para 2035.
Esto no solo incidirá positivamente desde un punto de vista medioambiental, sino que también mejorará la calidad del aire y la salud pública en los principales centros urbanos.
Por otro lado, la introducción de peajes urbanos basados en proxies de renta (como peso de vehículo privado) incentivará el cambio modal y reducirá la contaminación atmosférica.
Esta medida no solo promoverá el uso del transporte público, sino que también proporcionará ingresos adicionales para financiar mejoras en la infraestructura del transporte.
Asimismo, es necesario desarrollar una financiación suficiente para el diseño e implementación de Zonas de Bajas Emisiones en ciudades de todos los tamaños, algo esencial para cumplir con los objetivos de calidad del aire establecidos por la normativa europea.
Desde ATUC confiamos en el Fondo Social para el Clima como una oportunidad sin precedentes para transformar el transporte público urbano y metropolitano hasta convertirlo en un motor de justicia social y sostenibilidad.
Insistimos en que es crucial que las inversiones y medidas contempladas en el PNSC se alineen con estos objetivos, asegurando una transición justa y equitativa que beneficie a todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica o nivel socioeconómico.
(*) Miguel Ruiz es presidente de ATUC.
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