Ginebra, 20 ago (EFEverde).- Expertos en derechos humanos de la ONU instaron este martes al Gobierno de Ecuador a detener la extracción de petróleo en el yacimiento del Parque Nacional Yasuní y cumplir así con la voluntad expresada por los ecuatorianos en consulta popular hace ahora un año.
Los expertos recordaron que casi el 59 % de los ecuatorianos votó entonces a favor de prohibir la explotación petrolera de este parque, ubicado en el corazón de la Amazonia ecuatoriana y hogar durante siglos de una amplia diversidad de especies, así como de varios pueblos indígenas.
«La nación ecuatoriana envió un mensaje claro al Gobierno: se debe dar prioridad a la protección del clima, del medioambiente y de los pueblos indígenas que dependen de él», dijeron en un comunicado los expertos, entre los que se encuentra el relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter.
Tras la proclamación oficial de los resultados del plebiscito el 31 de agosto de 2023, la Corte Constitucional de Ecuador dio al Gobierno el plazo de un año para proceder con el cese de las operaciones y el desmantelamiento de las instalaciones petrolíferas.
Sin embargo, los expertos alertaron de los escasos avances realizados hasta ahora por las autoridades y las empresas petroleras implicadas.
En este sentido, mostraron su preocupación por informaciones que apuntan a la supuesta perforación de nuevos pozos petrolíferos en el parque, los cuales, advirtieron, «ponen en riesgo la protección del medioambiente, la integridad de los procesos democráticos de Ecuador y los derechos humanos».
Reconocieron que, si bien esta explotación aporta actualmente el 13 % de la producción nacional de crudo, el Gobierno debe buscar nuevas formas de financiación para iniciar una transición hacia un modelo económico que se aleje del agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles.
También pidieron a las autoridades que mantengan el diálogo con la sociedad civil y, en especial, con los pueblos indígenas amazónicos para garantizar que se respetan sus derechos a lo largo de todo este proceso.
Firman también el comunicado la relatora sobre el derecho a un medioambiente sano, Astrid Puentes Riaño; el relator sobre las consecuencias de la gestión y eliminación de las sustancias y desechos peligrosos, Marcos Orellana; y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y comerciales. EFE
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