Madrid.- El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado el real decreto de criterios de sostenibilidad para los centros de datos y también ha dado luz verde a la planificación eléctrica con horizonte 2030, según ha informado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Asimismo, se ha dado luz verde a transponer el nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión para edificios y transporte por carretera y para facilitar la integración de las energías renovables.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que el decreto de centros de datos, que ha generado un importante debate y oposición del sector, convierte a España en «pionera», dado que es un país «atractivo para la inversión y eso se ve también en los centros de datos».
La ministra ha destacado que, en ausencia de este real decreto, «los consumidores tendríamos un impacto de 5.000 millones en nuestra factura» dado que existiría una subida de precios del mercado mayorista, así como unas mayores necesidades del coste del mecanismo de capacidad.
En el caso de la factura, ha precisado que existirían diferentes escenarios, pero que, por ejemplo, los consumidores industriales tendrían que pagar un 25 % más por la energía eléctrica consumida.
Aagesen ha recordado que actualmente hay concedidos 15 gigas de permisos de acceso de centros de datos, de los que 6 corresponden a la red de transporte y 9 en la red de distribución.
Además, ha apuntado que en los últimos tres meses han aflorado tres de estos gigas, lo que muestra el «apetito» y ha destacado que es «muy importante que tengamos claro que queremos que lleguen a España, pero bajo estos estándares de sostenibilidad y soberanía digital».
Dos grandes bloques
Respecto al decreto, ha detallado que se organiza en dos grandes bloques: por un lado, el relativo a la sostenibilidad; y por otro, el que habla de soberanía digital, es decir, datos, privacidad y uso de los mismos.
Aagesen ha asegurado que lo que intentan es que el sistema «no se tensione», es decir, que «el precio sobre los consumidores no quede tensionado a la vista del gran consumo» que suponen estos centros de datos.
De esta forma, según ha dicho, esta normativa establece que el 80 % del consumo de energía de los centros de datos debe ser energía renovable.
Ha añadido que este decreto contará también con «un régimen transitorio» porque entienden que el cumplimiento de estos requisitos «requerían ciertas flexibilidades y, por lo tanto, hemos introducido un transitorio que es opcional».
La planificación de 2030
Aagesen ha subrayado que la aprobación de la planificación eléctrica 2030 «es muy transformadora» en la red de transporte.
«Básicamente lo que hacemos es la mayor inversión de nuestra historia y esto es porque realmente nuestro país, esa transformación del sistema energético, esa apuesta por las renovables lo que ha demostrado es que somos un país extraordinariamente atractivo», ha destacado Aagesen.
Asimismo, la ministra ha vuelto a señalar que, «por primera vez, en la historia hablamos de una planificación donde el primer vector que determina las inversiones es la demanda».
ONG ecologistas consideran un avance la norma pero ven margen de mejora
Ecologistas en Acción celebra que el Gobierno haya aprobado el real decreto que regula la sostenibilidad de los centros de datos y destaca que se trata de una norma «pionera» en Europa, aunque cree que la regulación de estas infraestructuras aún tiene «un amplio margen de mejora».
A la espera de un análisis más detallado del texto, la organización ecologista apunta que la inclusión de un régimen transitorio «desvirtúa en parte el objetivo de esta regulación».
Ecologistas en Acción critica las «cesiones» del Gobierno ante las «presiones» de los promotores de los centros de datos, pero considera que el real decreto «va en la dirección adecuada» al supeditar los intereses de las grandes empresas tecnológicas a los límites de los ecosistemas y a la capacidad de infraestructuras como las redes eléctricas.
Greenpeace cree que la aprobación del real decreto es un paso «muy importante», porque es necesario regular este sector, y pide abrir un debate sobre el uso de los centros de datos y su número.
«Valoramos como un paso necesario y muy importante, y por tanto celebramos, que se apruebe este real decreto porque hay que regular (el sector), ya que los centros de datos tienen consecuencias perjudiciales para la sociedad, el medio ambiente y nuestra democracia», ha explicado María Prado, portavoz de Greenpeace.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) también considera positivo que el Gobierno «avance en la regulación ambiental de los centros de datos mediante un marco estatal vinculante» que se anticipe a los retos de su expansión.
El coordinador de Conservación de WWF España, Luis Suárez, subraya, no obstante, que el desarrollo de los centros de datos «debe respetar los límites sociales, hídricos y ecológicos de los territorios».
Según Suárez, para lograrlo «es imprescindible garantizar el abastecimiento con nueva generación renovable adicional, un uso responsable del agua y una planificación territorial que priorice la protección de la naturaleza y de las personas». EFE Verde
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