La humanidad necesita un «derecho ecocéntrico» basado en un pacto social con la Naturaleza ya que «del estado del medioambiente depende el resto de derechos humanos: a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al agua…”, ha afirmado en una entrevista con EFE el analista Oriol Solà Pardell.
Este licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y actual primer secretario de la Embajada de España en Hanoi (Vietnam) acaba de publicar el ensayo ‘El derecho humano al medioambiente, una propuesta ecocéntrica’, que cuestiona el vacío en el ámbito del Derecho internacional en la intersección entre los límites planetarios y los derechos humanos y de la Naturaleza.
Desarrollo de su definición
El derecho humano a un medioambiente saludable «ha sido finalmente reconocido por la Asamblea General de la ONU el pasado 28 de julio, pero todavía una parte en sí de la Declaración no es obligatoria», ha lamentado este especialista, quien añade que además es necesario «definir con precisión» el objeto de la declaración de este derecho, sus obligaciones y privilegios derivados y la propuesta de medidas para que los Estados aprueben políticas y regulen actividades para evitar daños al entorno natural.
Para garantizar su desarrollo, será necesario «el trabajo del Consejo de Derechos Humanos a través de los principios marco de la figura del Relator Especial de la ONU y de los grupos de trabajo» correspondientes, aunque la próxima persona designada para el puesto «me gustaría que fuese de países del sur» con objeto de introducir «nuevas perspectivas que no partan del mismo discurso eurocentrista de países desarrollados”.
Necesidad del «derecho ecocéntrico»
El valor ético y práctico de su propuesta «consiste en proporcionar a las generaciones futuras unas bases sobre las que fundamentar un cambio de paradigma en nuestro sistema de valores” que incluya «garantizar la equidad inter e intrageneracional, el acceso equitativo a los recursos naturales y una mayor participación de la sociedad en el ejercicio de los derechos medioambientales».
Solá ha recordado que “la degradación medioambiental transfronteriza afecta a los estados más vulnerables y penetra en otros marcos normativos internacionales como el comercio, la seguridad o la gestión de desastres» entre otros asuntos y ha insistido en que un desarrollo ecológico y sostenible exige una corresponsabilidad compartida por la ciudadanía, las grandes empresas y el gobierno.
Además, aboga por “una modificación del sistema económico actual que libere la condición a la Naturaleza» del concepto de «mero capital natural” y «cuestione la privatización de los recursos naturales en el sur global y la concepción de los ecosistemas como nuevos mercados.”
A su juicio, una de las principales dificultades para proteger el medioambiente haciendo cumplir las leyes existentes es la falta de recursos administrativos, por lo que en el caso de España defiende «una mejora en la redistribución de los presupuestos en favor de una transición ecológica” además del refuerzo de la educación en materia de sostenibilidad, de los medios del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y de los servicios de mantenimiento en los bosques para evitar incendios.
Flecos abiertos
La protección ambiental debería también orientarse hacia la creación del Pacto para el Medio ambiente y de la Organización Mundial del Medio Ambiente, para apoyar una transición hacia «un nuevo orden ecológico que dé respuesta a la justicia climática y reconozca la deuda social y ecológica contraída por los países enriquecidos con los países empobrecidos”.
Por todo ello, «no es suficiente con una propuesta antropocéntrica» porque el ser humano «es uno más en una compleja red de ecodependencia” y «es necesario que nos pongamos en la piel de los animales y los ecosistemas para ayudar a la Naturaleza a prosperar”. EFEverde
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