En el mes de abril de 2024 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo emitió un fallo que marca un hito significativo en la lucha contra el cambio climático. Un grupo de valientes mujeres mayores suizas ha obtenido una victoria histórica al demostrar que su edad y género las hacen especialmente vulnerables a los impactos de las olas de calor inducidas por sus efectos.
El fallo del TEDH no solo señala la negligencia helvética en abordar el cambio climático, sino que también expone la injusticia sistémica que perpetúa la desigualdad ambiental. Mientras las élites políticas y económicas continúan ignorando las advertencias científicas, las personas más vulnerables de las comunidades afectadas, como estas valientes mujeres, pagan el precio más alto por la inacción. El concepto de ecocidio cobra una nueva relevancia en un mundo donde el beneficio a corto plazo prevalece sobre la supervivencia a largo plazo de nuestro planeta y sus habitantes.
Sin embargo, este caso plantea preguntas importantes sobre el camino a seguir para aquellos que enfrentan consecuencias similares debido a sus efectos, estén donde estén. ¿Debería ser desafiada la justicia nacional de cada país europeo en sus casos respectivos relacionados con el cambio climático? Porque «haberlos, haylos», y en cantidad.
Nos enfrentamos a una encrucijada moral y existencial. ¿Continuaremos permitiendo que la codicia y la indiferencia dominen nuestras decisiones, o nos levantaremos juntos en solidaridad para exigir un futuro sostenible y equitativo para todos?
Este caso ejemplifica una verdad innegable: la naturaleza no espera a nadie, y su destrucción indiscriminada tiene consecuencias devastadoras para todos. La brecha entre ricos y pobres se amplía aún más cuando los efectos del cambio climático golpean con mayor fuerza a aquellos que ya están en desventaja. Es una llamada de atención urgente para un cambio radical en nuestras prioridades y valores. La protección del medio ambiente ya no puede ser una idea secundaria o una mera consideración económica; es una cuestión de justicia social y supervivencia humana.
(*) Ángel Juárez Almendros es presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània, de la Coordinadora de Entidades de Tarragona y de la Red de Escritores por la Tierra.
Fotografía principal: recurso de archivo EFE/Martin Garcia
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