Almería.- El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este martes la anulación de la licencia de obras concedida en 2003 para el hotel de El Algarrobico, en una votación marcada por el abandono de la sesión de cuatro concejales.
Justo antes de abordar este punto del orden del día, los ediles José Luis Amérigo y Francisco Capel -del Grupo Municipal Socialista aunque expulsados temporalmente del PSOE-, junto a los no adscritos Ángeles Carrillo y Felipe Cayuela, han abandonado el salón de plenos para no participar en la votación.
Con el acuerdo adoptado por el resto de la corporación municipal, el Consistorio da cumplimiento al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estableció un plazo improrrogable de 20 días hábiles para dictar esta resolución definitiva y evitar así la ejecución subsidiaria de la sentencia.
A la marcha de los cuatro ediles mencionados se ha sumado la ausencia desde el inicio de la sesión de la concejala Vanesa Fuentes Lozano.
Además, los miembros del grupo socialista se encuentran suspendidos de forma temporal y cautelar por la Ejecutiva Federal del PSOE debido a su sentido del voto en la sesión del pasado 17 de junio, de forma que técnicamente no forman parte de la organización en la actualidad, aunque su grupo municipal no se ha disuelto aún a la espera de que la medida adquiera firmeza.
En el turno de intervenciones previo a su marcha, el portavoz socialista José Luis Amérigo ha justificado su salida acusando al alcalde, Salvador Hernández (Cs), de llevar a pleno una resolución que considera «nula de pleno derecho» al omitir los informes sobre el riesgo patrimonial y urbanístico acordados el 17 de junio.
Amérigo ha tildado las decisiones del regidor de «fraudulentas», señalando que actúa «en su propio beneficio», y ha anunciado que pondrán los hechos en conocimiento del TSJA ante lo que ha calificado como un «acuerdo ilegal».
En la misma línea, el edil no adscrito y exalcalde Felipe Cayuela ha defendido que «cumplir al Tribunal no exige incumplir al pleno», subrayando que existía margen temporal aproximado hasta el 24 de julio para recabar dichos informes.
Por su parte, la concejala no adscrita Ángeles Carrillo ha fundamentado su negativa a votar por «responsabilidad y coherencia» ante la «enorme preocupación» ciudadana sobre las futuras consecuencias económicas para el municipio.
Pese a los abandonos, la votación ha prosperado con el respaldo del equipo de gobierno (Cs y PP) y de dos concejalas del Grupo Municipal Socialista, Mariana Esteban e Isabel Hernández Caparrós.
Esteban ha explicado que su voto afirmativo pretende acatar las sentencias y evitar que los representantes municipales sean encausados judicialmente por un «presunto delito de desobediencia y obstrucción», si bien ha responsabilizado directamente al alcalde de elevar la propuesta sin la información requerida previamente.
El mandato judicial es «taxativo»
El regidor de Carboneras ha cerrado el debate afeando la actitud de los concejales que abandonaron el pleno, a quienes ha reprochado su «falta de respeto» al pueblo, a la corporación y a la justicia, y ha insistido en que el mandato judicial del TSJA es «taxativo, claro y conciso», por lo que solicitar informes adicionales equivaldría a ser cómplice de un bloqueo sistemático.
Además, ha recordado que los responsables de la concesión del permiso inicial hace más de veintitrés años fueron los miembros del «PSOE de la familia Amérigo Fernández».
Durante el tramo final de su intervención, el alcalde ha tenido que hacer una pausa, visiblemente afectado por la tensión institucional, admitiendo estar «un poco emocionado» y pidiendo disculpas a los asistentes.
Hernández ha querido transmitir tranquilidad a los vecinos frente al temor a un perjuicio para las arcas municipales, recordando que el Tribunal Supremo ya dictaminó en 2020 que no procedía indemnizar a la empresa promotora.
Asimismo, ha lamentado el «contacto cero» de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, desde su visita institucional a la zona con un atril, y ha reclamado formalmente a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su colaboración para resolver de forma definitiva un problema que lastra al municipio desde hace más de dos décadas. EFE
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