La destrucción y degradación de la Naturaleza, tanto en el medio terrestre como en el marino, motivada principalmente por la falta de sostenibilidad de la mayoría de las actividades que realiza el ser humano, está provocando una enorme pérdida de biodiversidad.
Esto, a su vez, supone una grave amenaza para la prosperidad de nuestras sociedades ya que debilita nuestra capacidad para protegernos de desastres naturales, futuras pandemias y los impactos cada vez más intensos del cambio climático.
Las naciones del mundo se han fijado objetivos como el de detener y revertir la pérdida de biodiversidad (en el marco del Convenio de Diversidad Biológica), mantener la temperatura media de la superficie mundial a largo plazo muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir esfuerzos para limitarla a 1,5°C para finales de este siglo (en el Acuerdo de París) y erradicar la pobreza y garantizar el bienestar humano (en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS).
A pesar de estas loables intenciones de la comunidad internacional, la realidad es que el nivel de acción sobre el terreno está aún muy por debajo de lo necesario para cumplir estos objetivos. Las inundaciones, olas de calor e incendios sin precedentes en todo el mundo nos recuerdan la apremiante necesidad de contar con verdadera voluntad política para afrontar eficazmente estos retos mundiales que amenazan nuestra propia existencia.
De ahí que la 16ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebra estos días en Cali, Colombia (COP 16) es clave para que los países muestren su compromiso con el Marco Global de Biodiversidad, adoptado en la COP 15 de Kunming-Montreal en 2022.
Éste, desarrollado sobre cuatro objetivos y 23 metas, tiene como objetivo preservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030 y permitir que los seres humanos vivamos en armonía con la naturaleza para 2050.
Durante la COP 16 se están analizando los avances del Marco Global de Biodiversidad basado en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales en Materia de Diversidad Biológica. Si los países presentan o no sus respectivos planes, bien definidos y con los medios adecuados para financiarlos, permitirá realizar un primer análisis de la evolución del cumplimiento del Marco Global.
Se espera, además, que las negociaciones en la COP 16 se centren en lograr avances en la “Meta 18” sobre la reforma de subsidios ambientalmente perjudiciales y en movilizar los necesarios recursos financieros para asegurar un cumplimiento de la “Meta 19”, que compromete a los gobiernos a movilizar 200.000 millones de dólares de EE.UU. (M$) anuales para 2030.
En concreto, en la letra a) de esa Meta 19 se acordó que los países desarrollados aumentarían el total de recursos financieros internacionales relacionados con la biodiversidad, incluida la asistencia oficial para el desarrollo, en al menos a 20.000 M$ al año para 2025 y al menos a 30.000 M$ al año para 2030, para destinarlos a la protección de la biodiversidad en los países en desarrollo.
Posición de España en la financiación internacional de la biodiversidad
Ante la falta de un protocolo internacional que permita un seguimiento homogéneo de las inversiones, el think-tank londinense ODI ha realizado una investigación donde se analiza el progreso hacia los objetivos de financiación de la Meta 19 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
Este análisis se basa en los datos de 2022 que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) presentó recientemente sobre biodiversidad y financiación del desarrollo.
En su informe, ODI calcula la parte proporcional (o “contribución justa”) que le correspondería a cada país aportar teniendo en cuenta su responsabilidad histórica en la pérdida de biodiversidad, medida por la huella ecológica de los últimos 60 años, su capacidad de pago, medida por producto interior bruto, y su población.
La investigación de ODI muestra que la gran mayoría de los países desarrollados (25 en total) aumentaron su financiación internacional para la biodiversidad en 2022, lo que supuso un incremento de casi un tercio de la financiación pública.
Sin embargo, sólo Noruega, Suecia y Alemania cumplieron con su “contribución justa” en 2022; tres países aportaron entre el 75% y el 100% de ésta, cuatro entre el 50% y el 75%, y dos tercios contribuyeron con menos del 50%.
El informe señala que España aumentó su financiación internacional de la biodiversidad en un 100%, pasando de 160 millones de dólares en 2021 a 320 millones en 2022. Sin embargo, España solo aportó el 30% de su ““contribución justa” que, según los cálculos de ODI, sería de 1.080 millones de dólares.
Por lo tanto, señala el informe, España tendrá que aumentar su financiación internacional de la biodiversidad en un 50% anual de 2023 a 2025 para cumplir con dicha cuota.
En otras palabras, el déficit de financiación de la biodiversidad de España con respecto a su “contribución justa” es de unos 760 millones de dólares. Aunque España hizo progresos sustanciales en 2022 con respecto a 2021 en términos porcentuales, lo cierto es que partía de un nivel muy bajo en relación con la “contribución justa” que le correspondía.
Pese al citado incremento de la financiación pública internacional de la biodiversidad en 2022, no hay garantías de que las contribuciones de los países desarrollados aumenten o incluso mantengan los niveles anteriores a la COP 15, a la luz de las reducciones en los presupuestos de desarrollo desde 2022 de muchos de los principales países donantes.
Para que las Partes que son países desarrollados cumplan su compromiso de la Meta 19 tendrán que aumentar sustancialmente su contribución a la financiación de la biodiversidad.
Necesitamos también ambición política para garantizar la coherencia entre las políticas nacionales de biodiversidad, agricultura, comercio y otras políticas económicas.
En ese sentido, hay que afrontar la eliminación de los subsidios perjudiciales para el ambiente (estos deben reducirse progresivamente en al menos 500.000 millones de dólares al año para 2030) al tiempo que se aumentan los incentivos positivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
España, como país comprometido con el Marco Mundial para la Biodiversidad y con sus Metas 18 y 19, debe acelerar la reducción de los incentivos y subvenciones perjudiciales para la biodiversidad, y aumentar su nivel de inversión en la lucha contra la pérdida de ésta.
Esto compele, no sólo al Gobierno, sino a todas fuerzas políticas que estén comprometidas con la protección de la biodiversidad.
Isabel Fernández y Carlos Bravo. Mighty Earth.
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