Ana Tuñas Matilla
Dos décadas después de que la catástrofe ecológica que provocó el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas diera lugar al movimiento «Nunca Mais», ha surgido en Galicia «Altri NON», movilización que persigue impedir que salga adelante la macroplanta de celulosa soluble y lyocell proyectada en Palas de Rei (Lugo) y que tendrá un gran impacto ambiental, según sus detractores.
Opsición
Entre los que se oponen hay grupos ecologistas, como Greenpeace, Adega o Ecoloxistas en Acción; organizaciones vecinales y sectoriales, como Ulloa Viva o la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa; sindicatos, como CIG (mayoritario en Galicia); partidos, como el BNG, Sumar y Podemos, o el Consello da Cultura Galega, órgano de la Comunidad gallega integrado, entre otros, por universidades y centros de investigación.
La oposición social, ha quedado patente en manifestaciones, como la de diciembre en Santiago de Compostela, la más multitudinaria que se recuerda en Galicia hasta la fecha tras el desastre del Prestige, o la del pasado 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), que se desarrolló por tierra y mar y en la que participaron decenas de miles de personas y 600 barcos.
Pese a las advertencias del grave impacto ambiental que tendrá la planta, contra la que se presentaron más de 27.000 alegaciones y promovida por Greenfiber -participada por la portuguesa Altri (75 %) y la española Smarttia (25 %)-, la Xunta le ha otorgado recientemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, asegurando que cumple con los requisitos ambientales.
¿Cuál es el impacto ambiental que denuncian?
AGUA
Durante 75 años, la planta podrá captar del embalse de Portodomouros, en el río Ulla, hasta 46.000 metros cúbicos al día, el equivalente al consumo de toda la provincia de Lugo y de los que devolverá al río unos 30.000 m³, una vez depurados.
Sus detractores advierten de que los cálculos que ha hecho la compañía (y en los que se basa la DIA) sobre cómo afectará su actividad al caudal del río no tienen en cuenta el contexto de cambio climático y las sequías a él asociadas que se prevé que cada vez serán más severas.
Entre los que han alegado contra el proyecto, figura la energética Naturgy, que usa el agua de dicho pantano para producir electricidad y que considera que el volumen que captará la planta podrá afectar a su producción futura y que pedirá compensaciones económicas por ello.
VERTIDO
Previo a la DIA, Augas de Galicia, dependiente de la Xunta, emitió un informe que concluye que la planta es compatible con los objetivos medioambientales de la planificación hidrológica y que el vertido que hará (hasta 30.000 m³) no afectará al estado de las masas de aguas gracias a la reducción de nutrientes y medidas preventivas y correctivas propuestas.
Entre esas medidas, figuran mejoras para reducir la presencia en el vertido de dos nutrientes, nitrógeno (un 43 %) y de fósforo (un 73 %), respecto del sistema planteado inicialmente y del que la empresa defendía su elevada eficacia.
LA RÍA
Los nutrientes son los principales causantes de la eutrofización del agua, un proceso que implica la proliferación de algas que consumen el oxígeno provocando «zonas muertas» en las que no pueden sobrevivir peces y otros organismos.
Esos nutrientes acabarán llegando a la Ría de Arousa, en la que desemboca el Ulla, poniendo en peligro el ecosistema y con ello a uno de los epicentros del marisqueo en Galicia.
Preocupa también la temperatura a la que volverá el agua al río, 27 grados, lo que, dependiendo de la cantidad de caudal que lleve el río, puede afectar gravemente a las condiciones de vida de fauna y flora, pues aumentará la temperatura de su hábitat.
ESPACIO DE ALTO VALOR ECOLÓGICO
La planta ocupará 112 hectáreas (157 campos de fútbol) de una parcela que en total suma 366 hectáreas (unos 513 campos de fútbol) en una zona de alto valor ecológico, colindante con espacios Red Natura 2000 de la Unión Europea y zonas especialmente protegidas (ZEC).
Para agilizar la tramitación del proyecto, la Xunta retiró la protección ambiental que tenían esos terrenos al descatalogarlos como «zona de amortiguamiento», decisión que ha sido recurrida ante los tribunales por Adega.
Esas zonas se ubican alrededor de un área protegida o sensible (como un parque nacional o una reserva natural) con el objetivo de minimizar los impactos negativos del entorno externo sobre ese área.
EMISIONES
La planta contará con una chimenea de 75 metros de altura que, según sus detractores, emitirá enormes cantidades de sustancias percusoras de la lluvia ácida, como óxidos de azufre y nitrógeno.
Dado que en la zona no hay acceso ferroviario, la planta generá un elevado tráfico de camiones (más de 100 al día), con sus consecuentes emisiones de CO2 y partículas contaminantes.
EUCALIPTOS
La planta se desarrollará en dos fases hasta alcanzar una capacidad final de producción anual de 400.000 toneladas celulosa soluble, de las que la mitad se destinarán a producir in situ 200.000 toneladas de lyocell (fibra textil semisintética), y la otra mitad se exportará, principalmente a Asia.
Para alcanzar esa producción consumirá cantidades ingentes de eucalipto (hasta 2,4 millones de toneladas), lo que obligará a llenar aún más terreno gallego de este monocultivo dañino para la biodiversidad, según sus detractores.
Poder hacer frente a ese incremento de la demanda, obligará a levantar la moratoria vigente en Galicia, en virtud de la cual, al menos hasta finales de este año, no pueden aumentar las plantaciones de eucalipto en la Comunidad.
PATRIMONIO
La construcción de la planta tendrá un fuerte impacto visual y paisajístico, lo que, aseguran, afectará al Camino de Santiago, por lo que formaciones como Alianza Verde y Podemos, han pedido al Ministerio de Cultura que realice una Evaluación de Impacto Patrimonial.
Incluso la UNESCO ha expresado su preocupación por el impacto del proyecto en el Camino de Santiago, como figura en el texto de la DIA que se ha hecho público.
¿Saldrá adelante?
La obtención de la DIA favorable supone todo un espaldarazo al proyecto, que, no obstante, aún debe sortear varios hitos para poder convertirse en realidad, entre ellos, lograr la Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Mientras tramita la AAI, Greenfiber también debe cerrar la financiación del proyecto, cuya inversión asciende a 1.000 millones, de los que prevén financiar 500 con deuda, 250 con fondos privados y los 250 millones restantes con fondos públicos.
Para lograr esos fondos públicos, la firma aspira a lograr vía el Ministerio de Industria una ayuda directa de 250 millones con cargo al PERTE de descarbonización, que se nutre de los fondos europeos Next Generation.
Industria aún no se ha pronunciado sobre dicha ayuda, aunque, recientemente, el ministro, Jordi Hereu, señaló que tenían que revisar el expediente del proyecto, pues inicialmente, se presentó como una planta de lyocell y ahora se sabe que la producción mayoritaria será de celulosa soluble.
Si finalmente Industria le concediera la ayuda, ésta deberá ser validada por la Unión Europea. La empresa pidió esta ayuda directa tras comprobar que vía concurso, del perte sólo podría recibir, como máximo 30 millones de euros. Esta opción tampoco se ha resuelto aún.
Tampoco se sabe si la Xunta aportaría fondos públicos al proyecto en caso de que no pudiera acceder a los fondos europeos.
Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica debe autorizar la conexión de la planta a la red eléctrica. EFEverde
atm/al
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Artículo de Ana Tuñas Matilla publicado en https://efeverde.com/altri-non-por-que/
