Ciudad de México.- “¡Aquí no!” es la consigna con la que comunidades indígenas mayo-yoreme han denunciado durante más de una década el ecocidio y etnocidio que provocaría la construcción de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo en la bahía de Ohuira, en el estado mexicano de Sinaloa, y frente a la desesperación, anunciaron la toma indefinida del proyecto financiado por Suiza y Alemania.
“Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, advirtió a EFE el gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, minutos después de haber mantenido un diálogo con las máximas autoridades ambientales del país, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.
Montaño explicó que el Gobierno de México, a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), busca instalar mesas de trabajo con las comunidades, una iniciativa que aceptarán únicamente sí, de manera paralela, se suspenden las obras de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, que pretende producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoniaco.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, exclamó Montaño, para quien es fundamental que el gobierno entienda los riesgos de construir esta megaplanta que afectará a los más de 6.600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río en la zona del puerto de Topolobampo.
Riesgos mortales
A lo largo de 12 años de resistencia, indígenas, científicos y organismos internacionales, como la ONU, han advertido que el proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, succionará 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco.
Cuando el agua sea descargada en la bahía, tendrá una temperatura superior a la original, de hasta tres grados más, detalló el líder indígena, lo que afectará al ecosistema y, en consecuencia, a la pesca, principal fuente de alimentación para las comunidades.
Incluso en un informe la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, lo que podría impactar a más de 40.000 personas, aunque Montaño aseguró que la compañía se reservó información importante sobre esta afectación.
“Si eso ocurriera sería algo trágico, porque Topolobampo no tiene los bomberos, equipo de Protección Civil o de la Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población”, zanjó.
Además, en la bahía de Ohuira se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, —declarado sitio RAMSAR (humedal de importancia internacional), hábitat de miles de aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alta importancia comercial.
La planta lleva un 88 % de avance y ya “se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar”, ahondó.
“La empresa nos dejó con la interrogante de qué puede pasar y nos quedamos inconformes. La realidad es que empezaron mal y terminarán mal. Se van a tener que ir porque los pueblos originarios no aceptaremos este proyecto”, denunció.
Tras el rechazo en mayo pasado del megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ en el Caribe mexicano, las comunidades indígenas mayo-yoreme mantienen la esperanza, pero son firmes en el plan de tomar la megaplanta GPO e impedir sus actividades.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, la cual resultó favorable para GPO porque incluyó en la votación a comunidades que no serían afectadas directamente.
Además “hubo compra de conciencias” con dinero y comida, acusó Montaño, quien agregó que estas acciones son una violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). EFE
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