La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que se archiven las actuaciones contra ella en el caso del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, ya que, según defiende «no hay ningún indicio objetivo» de criminalidad.
La defensa de la vicepresidenta presentó ante el Alto Tribunal valenciano el escrito contra la petición de su imputación después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal TSJ diera un plazo a las partes para que presentaran alegaciones en relación con la competencia de este órgano para decidir sobre la posible imputación de la vicepresidenta.
En su escrito, la representación de Oltra recuerda que este mismo tribunal ya rechazó anteriormente investigarla por la misma causa al considerar que no se aportaba «ningún indicio objetivo» contra ella y argumenta que ahora no se han aportado pruebas que sostengan la petición de investigación.
Es más, considera que las acusaciones se basan en especulaciones que «contradicen» el resultado de la instrucción practicada.
«La conclusión a la que llega el instructor no solo es errónea y especulativa, sino que, además, contradice el resultado de la instrucción practicada», asevera.
En este sentido, sostiene que, tras las pruebas practicadas, no se plantea ni razona, «ni siquiera con un juicio de provisionalidad, por qué los indicios y juicios de valor que considera concurrentes o imputables a la vicepresidenta puedan ser delictivos».
Es decir, «no se concretan qué hechos han sido cometidos por la vicepresidenta y consellera, ni cuál es la ilicitud de los mismos, ni tampoco a qué supuestos de hecho tipificados penalmente se corresponden».
Asimismo, advierte de que la doctrina jurisprudencial se muestra contraria a las imputaciones prospectivas y que «una cosa es el relato que los denunciantes y querellantes, en este caso plagado de elucubraciones y hechos inciertos» y «otra cosa muy distinta es que se mantenga la existencia de indicios que no derivan de lo investigado en fase de instrucción, sino del sesgo argumental del relato inicial planteado en las denuncias».
NO ORDENÓ ABRIR EL EXPEDIENTE
Por otra parte, la defensa jurídica de Oltra mantiene que «no es cierto que ordenara o tuviera que ver con la decisión de aperturar el citado expediente y tampoco tuvo nada que ver, ni intervino, ni en su tramitación, ni en la elaboración de sus conclusiones, ni tampoco tuvo nada que ver con el destino del mismo».
Para fundamentar esta afirmación, el escrito aporta las declaraciones de los trabajadores que participaron en la elaboración del expediente informativo sobre la actuación de la Conselleria y el centro en el caso de abusos a la menor por parte del educador en las que manifestaron que «negaron que Oltra les hubiese comentado nada o les hubiera ordenado aperturar el expediente informativo».
También critica la defensa de la consejera que el juez instructor eleve a categoría de indicio manifestaciones sobre este punto realizadas por Oltra «en un contexto político y ante los medios de comunicación».
Y agrega: «Resulta absurdo elevar a la categoría de indicio lo que es una simple manifestación de ámbito meramente político, cuyo contexto ha sido aclarado plenamente en al fase de instrucción y que no puede tener ningún tipo de reproche penal».
Por todo, la defensa de Mónica Oltra expone ante el TSJCV que, tras la investigación del magistrado instructor, con extensas declaraciones y extensa prueba documental aportada, «siguen existiendo esas mismas manifestaciones públicas anticipadas por los querellantes que este Ilustre Tribunal entendía que eran insuficientes para sostener la acusación contra la aforada y que lo siguen siendo en la actualidad».
Por último, solicita que se dicte resolución admitiendo la competencia para pronunciarse acerca del conocimiento de las acusaciones y que se acuerde que no existen indicios objetivos de criminalidad que justifiquen la apertura de un proceso penal contra Oltra acordando sobreseer las actuaciones contra ella y la devolución al órgano instructor de la causa.
