El 1 de febrero, la Fundación Aranzadi LA LEY presentó su XV Informe “Observatorio de la Actividad de la Justicia”, patrocinado por el Banco Santander, en el auditorio de Uría Menéndez, Madrid. Los resultados del informe denotan un problema estructural en la justicia española respecto a su predictibilidad, pendencia, resolución, duración media, litigiosidad y congestión.
Cristina Sancho, directora de la Fundación Aranzadi La Ley, y Jesús Remón, presidente de Uría Menéndez, advirtieron, antes de la presentación del informe, que la razón de estos poco alentadores resultados puede deberse a la coyuntura económica y política actual que España atraviesa. Indagan en el informe Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY, Miguel Pasqual del Riquelme, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, y Juan Mora-Sanguinetti, Banque de France – Eurosystème y Banco de España.
El informe ha sido elaborado a través de la herramienta Jurimetría, tomando muestras de más de 6.000.000 de sentencias desde julio de 2022. Los resultados han sido agrupados en 10 indicadores de la actividad judicial; aunque en la presentación del informe se indagaron, sobre todo, en los que se exponen a continuación.
Tasas de resolución y congestión
Cristina Retana explica que, aunque en el 2023 se han resuelto 6,4 millones de sentencias, ha habido un deterioro de 0,1% respecto al 2022 y de 0,4% respecto al 2021. Miguel Pasqual refiere este paulatino incremento del colapso como una “insaciabilidad de la demanda de los sistemas judiciales y una incapacidad de respuesta”, y apunta como causa principal a la “falta de seguridad jurídica”, promovida por un “ritmo frenético en la producción normativa” y la consecuente “dificultad para fijar criterios” entre los jueces.
Tasa de litigiosidad
Cristina Retana expone que, a día de hoy, hay 186 jueces por cada 10.000 habitantes. Esto es un dato alarmante teniendo en cuenta que en el 2021 había 130 jueces por cada 10000 habitantes, y las tasas de congestión eran menores. Aunque este estrago es multicausal, la falta de seguridad jurídica que señalaba Miguel Pasqual, así como la dificultad para fijar criterios, pueden ser claros desencadenantes de este problema de litigiosidad. A este respecto, tanto Miguel Pasqual como Juan Mora reclaman la necesidad de una mayor previsibilidad en el sistema jurídico. Con previsibilidad se hace referencia al establecimiento de criterios uniformes entre tribunales y la posibilidad de deducir una sentencia de otra, sin necesidad de invertir tanto tiempo en la resolución de casos.
Duración media y pendencia
Precisamente, la duración promedio de los casos es de 8, 4 meses, frente al 8,8 de promedio del año 2021, dice Cristina Retana. Aunque ha habido una mejoría, sigue siendo alarmante el tiempo promedio en algunas comunidades. Es especialmente acusado en Murcia, Andalucía y Castilla la Mancha, cuyas medias se posicionan en torno a los 12 meses, dependiendo de la rama del derecho.
Debido a la duración media, 3.393.755 casos quedan pendientes de resolver en el 2023, 249.172 casos más que el año anterior. Ante esta situación, Juan Mora expresa que “España es un país más lento” respecto a otros países de la OCDE, lo que significa, por extensión, que también es un país más lento en la “economía” y la “abogacía”.
Sentencias
Cristina Retana explica que el aumento de jueces ha permitido que el número de sentencias se divida un poco, pasando de 310 sentencias por juez en el año 2021 a 306 sentencias por juez en 2023. Las cifras siguen sin ser suficientes para afrontar el colapso judicial. Por esta razón, Miguel Pasqual y Juan Mora plantean la necesidad de introducir nuevas técnicas judiciales.
Soluciones
Para enfrentar todos estos problemas de colapso judicial, los ponentes destacan la aplicación de pleitos sonda (con una tramitación preferente),y así acelerar procesos. Miguel Pasqual, como magistrado del tribunal supremo de Murcia, afirma que en esta región los pleitos sonda ya han sido aplicados con éxito en algunos casos.
Añaden que es necesaria una “especialización” dentro de los organismos judiciales para aumentar la previsibilidad judicial y reducir plazos. En la misma línea, apelan a la necesidad de unificar criterios judiciales, algo que solo será posible si se reduce la producción normativa.
Finalmente, la misma herramienta de Jurimetría –basada en componentes de inteligencia artificial–, que permitió el acceso a los datos del Informe, se convierte, según Miguel Pasqual, en una solución a la hora de otorgar previsibilidad al mundo judicial y jurídico, y acelerar procesos tras su aplicación a otras situaciones. Cristina Sancho, directora de la Fundación Aranzadi La Ley, comparte con Derecho Práctico las siguientes palabras al respecto, una vez finalizada la presentación del Informe:
“Creo que, efectivamente, la Inteligencia Artificial Generativa y todas las tecnologías que permiten analizar grandes volúmenes de datos de manera automática y en pocos segundos, van a facilitar muchísimo, como ha dicho Miguel Pasqual, el trabajo de los juzgados, porque se cuenta con información objetiva, datos de rigor y con un análisis jurisprudencial muy detallado que ayudará no solo a los abogados a escoger su estrategia procesal, sino también a los jueces a resolver sus asuntos”.
