Es la bala en la recámara de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Pero también la más dolorosa de disparar, por el autodaño que infligiría. Tras acordar en abril el embargo al carbón ruso y después decretar esta misma semana una prohibición parcial a la importación del petróleo de Moscú, todos los caminos conducen ahora hacia el botón de último recurso: el gas que fluye a la UE desde Rusia. Algunos socios, liderados por los beligerantes bálticos, reclaman ya su inclusión en un séptimo paquete. Francia no lo excluye. Pero Alemania reconoce que no estaría preparada hasta 2023. Y en Bruselas son conscientes de que no queda apenas margen de negociación entre las capitales, por lo que piden calma: una alta fuente comunitaria asegura que de momento conviene trabajar progresivamente en desconectarse del gas ruso, más que en su inclusión en el próximo paquete.
