El Gobierno parece no encontrar el equilibrio necesario entre la exigencia de acelerar la concesión de fondos europeos y el control financiero sobre las empresas que reciben las ayudas que garanticen el buen uso de los mismos. El último ejemplo está en la aprobación de la denominada Ley Crea y Crece que vio luz verde en el Congreso este pasado jueves y que supone un nuevo palo en la rueda de cara al proceso de solicitud de los fondos de reconstrucción Next Generation.
La ley que pretende facilitar la creación de empresas y el aumento del tamaño de las mismas -recoge la posibilidad de abrir sociedades por 1 euro- y que busca reducir la morosidad entre las pequeñas y medianas compañías del sector privado, introduce de igual manera nuevas rigideces que podrían ser contraproducentes. De hecho, el Gobierno incluye en esta ley nueva burocracia con la que se deberá demostrar la ausencia de deudas o pagos pendientes y que será necesaria cumplimentar por parte de las empresas para poder solicitar fondos europeos.
El texto aprobado por los grupos parlamentarios recoge, además, en el apartado de la lucha contra la morosidad una nueva restricción para cualquier empresa que tenga pagos pendientes, a las que se prohíbe el acceso a las cualquier tipo de ayuda o subvención pública, incluidos los fondos de reconstrucción Next Generation o el Kit Digital, entre otros. La medida, que en principio servirá para proteger este dinero de las malas prácticas o evitar que caiga en manos de compañías en una situación financiera compleja, también supondrá la puntilla para aquellas pymes con problemas financieros derivados de la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania y la crisis energética, que ven los fondos europeos como la última palanca que podría posibilitar su recuperación definitiva. Y de la que ahora se verán privada por el hecho de registrar pagos pendientes.
En este sentido, la ley fija para aquellas subvenciones de importe superior a 30.000 euros que no será posible solicitarlas si la empresa está bajo situación de morosidad. «Cuando los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las empresas que incumplan los plazos de pago previstos».
Más dificultades para la pyme
Sobre este aspecto, desde la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, recuerdan que la crisis económica ha supuesto importantes pérdidas para las empresas de nuestro país, con el consiguiente deterioro de su posición financiera cuando no de su propia viabilidad. En este contexto, al que se suma la crisis inflacionaria, las empresas registran una pérdida de rentabilidad que puede comprometer su viabilidad y su crecimiento.
«En relación con la morosidad, durante los últimos meses, y fruto de la situación actual, ha aumentado principalmente entre las pymes, que son las que más han sufrido los efectos de la pandemia y las que más están sufriendo los efectos de la inflación«, advierten desde la Confederación. En esta situación y ante un escenario económico sombrío para los próximos años, »si bien la norma incluye algunos aspectos positivos, incorpora medidas de dudosa eficacia que suponen nuevas cargas para las pymes, dificultando aún más su acceso a los fondos europeos y subvenciones en un momento delicado para muchas empresas«.
Nueva documentación requerida
De este modo, aún más contraproducente para el favorecimiento de la actividad empresarial que se pretende en la ley es la incorporación de nueva burocracia para la generalidad de las empresas a la hora de solicitar los fondos europeos de los que España ha recibido ya el segundo tramo de 12.000 millones de euros, correspondiente al primer semestre del año.
«Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora«, recoge la ley en la enmienda incluida.
Con todo, Cepyme defiende la definición de una estrategia eficaz y realista de lucha contra la morosidad, ya que este fenómeno lastra a su vez la productividad y el crecimiento de muchas pymes. No obstante, la morosidad es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca, en el que se incluyan acciones pertinentes que mejoren el acceso de liquidez a las empresas. «En este sentido, entendemos que el establecimiento de sanciones no es un instrumento por sí solo eficaz. Por tanto, la pérdida de acceso a subvenciones públicas y también a los fondos europeos resulta totalmente desproporcionada en esta coyuntura«, advierten desde la organización.
«Especialmente en este ámbito, Cepyme no comparte que la norma incluya nueva burocracia en la solicitud de subvenciones para todas las empresas, ya que perjudica directamente a las de menor tamaño y menos recursos, ralentizando de este modo la ejecución de los fondos europeos y, sobre todo, su llegada a las pymes«, señalan los representantes de la pyme en un comunicado emitido este viernes.
La Confederación señala también que la menor productividad de la empresa española está estrechamente vinculada a su menor tamaño y uno de los principales factores limitativos de crecimiento siguen siendo las barreras burocráticas de distinta índole que lo desincentivan. «Promover el crecimiento del tejido empresarial español conllevará más productividad empresarial, más actividad y, por ende, más generación de recursos y empleo de mejor calidad, beneficiando de este modo al conjunto de la sociedad española», explican en la valoración de la nueva ley aprobada.
