La polvareda levantada por las fuertes revisiones de los datos de Contabilidad Nacional (PIB) durante los meses de la pandemia y por la mayor o menor afinación del Índice de Precios al Consumo (IPC) a la hora de trasladar la evolución de los precios de la energía eléctrica no se ha quedado fuera de las puertas del Instituto Nacional de Estadística (INE), sino que también ha generado un considerable terremoto interno.
Los estadísticos del Estado, el cuerpo de funcionarios de élite que configura la materia gris del sistema estadístico nacional, aprovecharon una reciente reunión con el presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, para trasladarle su inquietud por el impacto que estas polémicas puedan tener sobre la reputación del organismo y su preocupación por lo que observan como «una merma en la calidad de muchas estadísticas» durante los últimos años por la persistente pérdida de recursos que viene sufriendo el instituto.
Así se refleja en un documento resumen de la reunión con el presidente del INE circulado entre sus asociados por la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE), al que ha tenido acceso ABC, y en el que la asociación concluye que el Instituto Nacional de Estadística «transita por el momento más difícil de su historia moderna en cuanto a la articulación y gestión de sus recursos humanos, su proyección hacia la sociedad y su futuro institucional».
Dramática falta de recursos
En el informe a sus asociados, la asociación de estadísticos menciona que se trató con el presidente lo relacionado con las polémicas en torno a las estimaciones de PIB e IPC y que se realizaron «diversas consideraciones» al respecto sin entrar en mayor detalle sobre el contenido de estas. Tal vez porque, según revela la AESE, el presidente del INE les aconsejó máxima prudencia en este asunto «para que los debates técnicos de metodología estadística no fuesen utilizados en la dialéctica política partidaria».
La organización que representa al cuerpo de estadísticos del Estado no perdió, sin embargo, la oportunidad de recordarle al presidente del INE que los estudios estadísticos que durante aquellos días enarboló el Ministerio de Asuntos Económicos -del que depende orgánicamente el INE- para trasladar una foto de la economía distinta a la que ofrecían los datos de la Contabilidad Nacional «no tienen carácter de cifras oficiales y no figuran en el Plan Estadístico Nacional».
A los estadísticos del INE tampoco les termina de convencer la reciente inclinación del instituto por difundir nuevas estadísticas experimentales, como los estudios de movilidad a partir de la información de teléfonos móviles, la estimación de ocupación de apartamentos turísticos a partir de los datos de las plataformas o el exitoso atlas de distribución de rentas de los hogares, que el colectivo reconoce que han tenido un gran impacto mediático y abren camino estadístico, pero que restan recursos de las operaciones estadísticas oficiales que el INE tiene que realizar por obligación legal.
Aquí es donde los estadísticos discrepan con la política del INE. Denuncian que la falta de recursos humanos en la institución, alentada tras un puñado de años de reducciones de plantilla, «impide efectuar los adecuados controles» sobre los datos obtenidos, en lo que se refiere a la cobertura de la estadística, la calidad de las respuestas o el sesgo de estas, lo que se traduce en una pérdida de calidad de las estadísticas públicas.
AESE pone como ejemplo de estas lagunas en el trabajo estadístico del INE la elaboración del Censo de Población y Viviendas de 2021. Subraya que mientras que en el último Censo de 2011 el control de calidad de la información la realizaron las delegaciones provinciales del INE, esta vez este se ha externalizado a una empresa privada en su totalidad y ni siquiera se ha atendido a la reclamación de los estadísticos de que al menos las delegaciones fiscalizaran el trabajo de las empresas externas contratadas. «El Censo de Población y Viviendas de 2021 pasará a la historia de la estadística oficial de España como el primer censo de población en el cual la estructura periférica del INE no tuvo participación alguna desde el primer censo elaborado en 1857».
AESE considera que este episodio es la consecuencia de la situación de abandono en que se mantiene a la estructura territorial del INE, algunas de cuyas delegaciones están según la asociación «al borde de la extinción administrativa» por falta de personal de recogida de datos y de personal de apoyo administrativo.
Las preocupaciones del colectivo no afectan únicamente al presente sino también al futuro. La asociación remitió una carta al presidente del INE el pasado 26 de mayo para manifestar su queja por la eliminación de la prueba oral en la oposiciones al cuerpo correspondientes a 2020 y 2021, «lo que supone sin duda una bajada de nivel».
