Los fondos oportunistas que controlan la mayor parte de la deuda del grupo metalúrgico Celsa quieren entrar en el capital y controlar el 49% de sus acciones a través de una transformación de deuda participativa en acciones. Es el principal punto de la contrapropuesta que han hecho llegar este domingo a la compañía, después de que hace dos semanas la empresa propiedad de la familia Rubiralta les trasladara la suya: la exigencia de que los fondos ejecutaran quitas del 50% sobre los 2.400 millones de deuda que fueron comprando a la banca durante 2017 y 2018 con grandes descuentos. Las posiciones están alejadas y el calendario apremia. De no haber acuerdo, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, no aprobará la inyección de 550 millones de euros en forma de créditos, una ayuda que tiene como fecha límite el 30 de junio. A partir de ahí la Comisión Europea cerrará la ventana a las ayudas empresariales para mitigar el impacto del coronavirus.
