El gigante metalúrgico Celsa encara un mes decisivo para su viabilidad financiera. La compañía tiene de plazo hasta el 30 de junio para lograr que sus acreedores, una veintena de fondos oportunistas, acepten una quita de cerca del 50% de su deuda para que el grupo siderúrgico español pueda recibir un crédito de 550 millones de euros del Gobierno. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que canalizará ese balón de oxígeno, exige también poder de veto sobre decisiones de la empresa en los próximos siete años para evitar que esta pueda trocearse o perder activos que pongan en riesgo la viabilidad. Por ello, si finalmente sale adelante, el rescate incorporará a un observador externo a su consejo de administración.
