La complejidad del actual contexto económico y, sobre todo, el alza de los precios de la energía tienen una naturaleza intersectorial cuyas consecuencias se expanden como una mancha de aceite por todos los rincones del sistema económico. En este contexto, la denominada Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reúne a las patronales de sectores tan diferentes como la automocióin, el papel, el refino, la industria química y la siderurgia entre otros, ha advertido que el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) – que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados – supondrá «un golpe» de 2.500 millones de euros a la competitividad industrial de España.
En este sentido, desde la gran industria, han reconocido en un comunicado que «no entienden que el Congreso reactive en el peor de los momentos su tramitación cuando medidas como el mecanismo de tope o las subastas inframarginales no han consegido a día de hoy minorar el impacto en la industria de unos costes energéticos que siguen desbocados». Por este motivo, aluden al sentido de responsabilidad de los partidos políticos para eximir de este Fondo a la industria u optar por su traslado progresivo dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El denominado Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) tiene por objetivo asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las energías renovables, la cogeneración y los residuos conocidos como RECORE. Los mismos se separan del conjunto de cargos del sistema eléctrico y se va trasladadno progresivamente su financiacíon a los comercilizadores y operadores de todo el sector energético. En esta línea, desde la gran industria han estimado que el coste acumulado para la industria entre 2022 y 2026 superaría los 2.500 millones de euros. Lo que sería asumido par las industrias consumidores de gasto y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad.
Desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española han advertido también que, tras la entrada en vigor de las nuevas directrices europeas sobre ayudas de Estado en materia climática y energética, se imposibilita el mecanismo de compensación de costes asociados que prevé el proyecto de ley.
