La Comisión Europea se ha comprometido a elaborar un estudio comparativo sobre la actividad equivalente a la que realizan en España los gestores administrativos y que prácticamente no existe fuera de nuestro país. El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, compareció este miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para proponer que se apruebe una legislación que facilite su actividad en otros países, en virtud del principio de libre prestación de servicios. La comisión parlamentaria decidió mantener abierto el expediente, lo que significa que va a tener continuidad, y encargar a la Comisión este estudio comparativo. Tanto el grupo popular como el socialista apoyan la petición de los gestores, que en España son el principal interlocutor con la Administración para millones de pequeñas y medianas empresas. En la mayoría de países europeos, la labor que llevan a cabo los gestores la realizan profesiones más especializadas en el campo fiscal, legal o laboral, pero no existen gestorías que se ocupen de diferentes disciplinas a la vez.
En su intervención ante la comisión parlamentaria, Santiago ha destacado que «el desarrollo económico y social de los países europeos lleva inexorablemente a una mayor normatividad y, con ello, obligaciones administrativas cada vez mayores y más complejas. Por ello, creemos necesario reconocer nuestra actividad y visibilizar nuestra labor en Europa para ser útil a otros países. La homologación de la actividad, junto con la creación de una tarjeta única europea (semejante a la de los abogados) permitiría identificar a los profesionales de los servicios administrativos públicos como puntos de atención generales a empresas y ciudadanos en toda Europa».
Los gestores estiman además que con el incremento de las relaciones económicas transfronterizas se hace cada vez más necesaria la creación de una credencial común que identifique al gestor administrativo, lo que permitiría establecer en el futuro un marco profesional unificado y estructurar la colaboración entre diferntes colegios profesionales, «con el fin de que los gestores administrativos de los diferentes paises puedan ejercer su labor en cualquiera de los otros Estados miembros».
La eurodiputada popular Isabel Benjumea ha pedido a la Comisión que garantice que los gestores puedan ofrecer sus servicios con calidad en cualquier país, sobre todo para la tramitación de los nuevos fondos de reconstrucción, puesto que considera que se trata de una labor extremadamente compleja y que «hay un clamor entre las pequeñas empresas» para que les ayuden en este campo.
