Iberdrola, como la mayoría de empresas del Ibex 35, lleva años acostumbrada a que sus juntas generales de accionistas sean poco menos que un paseo triunfal: las tesis de la dirección —y, por extensión, del consejo de administración— se imponen con holgura y la resistencia es residual entre sus dueños. Pocos creen que esa situación vaya a dar un giro de 180 grados en el cónclave que la mayor eléctrica española celebrará este viernes en Bilbao, pero la sucesión de acontecimientos de los últimos meses —la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por el caso Villarejo; el no provisional recibido por el regulado de Nuevo México a la compra de PNM Resources, aludiendo indirectamente al caso del excomisario jubilado; y el sonoro patinazo de principios de mayo, cuando el primer ejecutivo llamó “tontos” a los usuarios del mercado regulado— han tensado el ambiente, añadiendo un punto de picante a un foro que, en condiciones normales, sería una balsa de aceite.
