Budapest (EuroEFE).- El Gobierno húngaro anunció este jueves que ha aceptado cuatro de las exigencias planteadas por la Comisión Europea (CE) como condición para recibir 7.000 millones de euros de los fondos comunitarios de recuperación.
«Las negociaciones sobre los fondos de recuperación han avanzado y el miércoles pasado (28 de junio) enviamos la respuesta. El Gobierno húngaro ha aceptado cuatro puntos», dijo el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, en rueda de prensa.
El ministro indicó que esos puntos se refieren a la lucha contra la corrupción, las adjudicaciones de contratos públicos, realizar consultas sociales antes de la aprobación de leyes y dedicar gran parte de los fondos a reforzar la independencia energética.
Gulyás confió en que las negociaciones con Bruselas estén concluidas en otoño.
El pasado abril, el Ejecutivo comunitario activó un procedimiento contra Hungría que podría desembocar en la suspensión de fondos comunitarios asignados a Budapest si no soluciona deficiencias del Estado de derecho con los procesos de contratación pública, corrupción, fraude y falta de transparencia o rendición de cuentas.
Gulyás especificó que se reducirán a menos del 15 % la proporción de licitaciones públicas con un solo concursante y que se abrirá la posibilidad de recurrir cuando la Fiscalía cierre o no presente acusación en casos de corrupción.
El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha usado las cuatro mayorías absolutas que lleva ganadas desde 2010 para imponer una serie de leyes que han creado conflictos con la UE, al entender esta que algunas violan los principios y las normas comunitarias y el Estado de derecho.
El pasado abril la Comisión aseguró que el procedimiento contra Hungría buscaba también proteger su propio presupuesto ante el «constante fracaso» por parte del Gobierno húngaro para resolver una serie de «preocupaciones graves» durante un periodo de más de diez años, informaron fuentes comunitarias.
Esta fue la primera vez que la CE activó ese mecanismo desde que entró en vigor el 1 de enero.
Editado por M.Moya
