Una vez más, como ocurriera en el día de la votación de la reforma laboral, el Gobierno no había calculado bien los apoyos para prefijar la aprobación del fondo público de pensiones -uno de los puntos pendientes de la primera parte de la reforma de pensiones- y la falta de previsión hizo que el caos se apoderase de una sesión que debía de haber supuesto un mero trámite antes de la votación de la ley en el Congreso este próximo jueves 9 de junio.
La Comisión de Trabajo se reunía la pasada semana para cerrar el paquete de enmiendas que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incluirá en el proyecto de ley del fondo público. Tal fue el despropósito allí acaecido que cinco horas después se aprobó el dictamen de la comisión con un paquete de medidas que, de facto, autoenmiendan la ley aprobada por el Consejo de Ministros y tumba el eje central del proyecto a solo unos días para su votación en pleno.
Entre medias, una sesión tan histórica como esperpéntica que hace justicia al tono de vodevil que ha cogido la reforma de pensiones. Ya desde las 10.00 am del pasado jueves cuando inició la comparecencia de Yolanda Díaz para dar a conocer los avances de las leyes aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que precedía a la aprobación del dictamen sobre el proyecto de ley del fondo público de pensiones, se palpaba el nerviosismo de los partidos, sobre todo en el PSOE.
Algo iba mal y aún no había comenzado la sesión. Mientras que la vicepresidenta del Gobierno continuaba dando cuenta de la labor de su ministerio se podía notar el trajín de entradas y salidas de la sala Constitucional del Congreso donde se celebró la comisión, y los portavoces de los partidos confirmaron entre pasillos la catástrofe que estaba por venir: el Gobierno no había trasladado las enmiendas definitivamente transaccionadas -aceptadas- hasta cinco minutos antes del comienzo de la sesión y solo diez minutos antes se había trasladado por parte de Bildu un comunicado confirmando el apoyo a la ley del fondo público por la vía de la abstención a cambio de una subida del 15% para las pensiones no contributivas hasta el final de año.
Falta de seriedad y rigor
En este momento se escenificó la improvisación del Gobierno. La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, hacía entrega del articulado de enmiendas aceptadas y que debían votarse a continuación, cuando los partidos se encontraron con la sorpresa: algunos puntos pactados con partidos como PNV se caen, aparecen nuevos acuerdos con Bildu, y ante el desconocimiento la escena fue similar a la previa de un examen universitario en el que los alumnos comparten sus impresiones entre el nerviosismo y el desconcierto, y con el intercambio de apuntes de última hora. Todo muy alejado del rigor y la seriedad parlamentaria.
Los partidos iban conociendo en ese momento cómo el Gobierno había ido pactando medidas con los grupos individualmente sin darlo a conocer en un foro común, como fue la ponencia de enmiendas celebrada hace dos semanas en la que el gabinete del ministro José Luis Escrivá dejó todo el articulado de más de 100 enmiendas abierto a la votación en Comisión. Y esta fue la puntilla.
Tal era el volumen de enmiendas que había que votar que varios de los representantes de la comisión reconocieron a ABC tras la sesión saber para que estaban votando «al menos una vez». Antes, en vistas del esperpento que se podía producir, los partidos habían planteado tomarse la sesión como una suerte de segunda ponencia dejando la votación final para otro día, a lo que no accedió la presidencia de la comisión que dio comienzo a la sesión.
Dio comienzo la votación de enmiendas y el portavoz de ERC en el Pacto de Toledo, Jordi Salvador, rogó árnica a la presidencia de la comisión pidiendo que se le considerara «no presente» hasta el momento de la votación del dictamen final. «No puedo asimilar tanta información en tan poco tiempo», señaló. Tan poco como los cinco minutos que dio el PSOE al resto de formaciones para conocer los acuerdos alcanzados antes de la votación.
«Es el ‘modus operandi’ de este Gobierno», señalaban distintos portavoces quejándose de las formas de negociar las leyes importantes desde el Gobierno, y concretamente en este caso desde el Ministerio de Seguridad Social. De hecho, incluso desde Unidas Podemos se trasladó la idea de que el funesto resultado final de la votación -un logro comedido para la formación morada- es producto de la improvisación del Ejecutivo y la falta de transparencia a la hora de negociar.
La sombra de la sospecha
Ya durante las votaciones la dinámica era errática: los partidos preguntaban por el contenido de lo que se iba a votar, se conformaban paquetes de enmiendas para votar en conjunto en ese mismo momento. Y el descalabro: Unidas Podemos pide votar en bloque las enmiendas 57, 58, 59 y 60. La enmienda 59, que pedía suprimir la deducción en cuota de Seguridad Social de las aportaciones del empresario a favor del plan de pensiones del trabajador, sí confirma el PSOE que había transaccionada con la formación morada. Sin embargo, antes de pasar a las transaccionales, el PSOE se confunde y vota en bloque a favor de las cuatro enmiendas.
Y se monta el lío. El PSOE acababa de limpiar de incentivos fiscales para el empresario el fondo público de pensiones, había reducido los incentivos fiscales en IRPF para el empleado por las aportaciones al plan y como puntilla había dado luz verde al destope ‘a las bravas’ de las bases máximas de cotización -abriendo la puerta a subir las cotizaciones a los trabajadores con sueldos por encima de 49.000 euros anuales y sin subir la pensión máxima de jubilación-. De facto, el PSOE acaba de tumbar su propia ley.
Y es cuando se cierne la sombra de la sospecha. Pese a la petición desesperada de la portavoz del PSOE pidiendo un receso para transaccionar nuevas enmiendas ‘in situ’, a lo que no accedió la presidencia, y rogando volver a votar el paquete de enmiendas, a lo que no accedió el letrado de la comisión, el grupo socialista había dado luz verde en ese paquete a las líneas rojas que había puesto Unidas Podemos para no completar el amalgama de formaciones de izquierda que habían retirado el apoyo a este punto de la reforma de Escrivá y que habían dejado solo al Gobierno buscando sumar votos en la oposición (PP y Cs).
El sentimiento de sospecha lo apuntaló Vox. Sin mayores explicaciones, la formación regaló su abstención al PSOE, lo que le valió para dar el patadón hacia delante del proyecto de ley hasta el pleno del Congreso, pese a haberse incluido todo el rejonazo fiscal de Unidas Podemos. El PSOE da carpetazo a la sesión y el ministro Escrivá confirma el error 24 horas después. Asegura que se trató de «un error» de los socialistas por el «número enorme de enmiendas por bloque» y que «el procedimiento de corrección está en marcha a través de un voto particular y no va a tener mayor trascendencia desde el punto de vista de la tramitación de la ley de planes de pensiones».
Según explicaba el letrado del Congreso a ABC, existe tal posibilidad siempre y cuando se emitan votos particulares hasta las 48 horas después de emitirse el dictamen alegando disconformidad sobre algunos de los puntos incluidos en el proyecto de ley. «Es un procedimiento agravado», asegura recalcando que pare que estos puntos sean removidos durante la votación en el pleno debe haber una exposición de motivos altamente justificada.
Ahora, la pelota queda en el tejado de varios partidos y nada en manos del Gobierno. El cambalache vivido en la Comisión de Trabajo y el garrafal error abocan al Gobierno a maniobrar hasta el último minuto antes de la votación en el pleno. El pliego de apoyos con los que se aprobó el dictamen en comisión -junto con Bildu, también se abstuvo Vox; PP, ERC, Cs y Compromís se opusieron; y obtuvo el apoyo del PNV y el PRC- es ya un trampantojo. Muchos de estos partidos descolgarán su apoyo si se mantiene la segada de incentivos que se incluyó por error del PSOE.
Coste reputacional
Más allá, la reforma del sistema público de pensiones es quizá la medida más importante y sustancial de las comprometidas por el Gobierno con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos para la reconstrucción pero también es el más ambiciosa de las anunciadas tras la llegada de la coalición a La Moncloa. La Comisión Europea, sabedora de la importancia de las actuaciones que se tomen en esta materia para la sostenibilidad y equilibrio de las cuentas públicas, ya le ha puesto a España un primer examen en escasas cuatro semanas para conocer los avances introducidos en el primer paquete de medidas. Por ello, el esperpento vivido hace escasos días en el Congreso durante la sesión para la aprobación de las enmiendas del fondo público de pensiones tiene un coste, principalmente reputacional de cara a quienes vigilan las actuaciones del Ejecutivo en esta materia.
