El pleno del Congreso dio luz verde este jueves al fondo público de pensiones en una votación, una vez más, excesivamente ajustada para los anhelos del Gobierno sobre un punto fundamental de la reforma de pensiones y que, más allá, pasará en pocos días el examen de la Comisión Europea como una de las condiciones para la llegada de lo fondos para la reconstrucción.
Finalmente, el Ejecutivo contó con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Cs, Nueva Canaria, PRC, PDCat y Teruel Existe. Es decir el dictamen salió con un solo voto de diferencia, al igual que ocurriera con la reforma laboral, tras certificar el PP su rechazo a la medida ante la diferencia de incentivos fiscales que tendrán los asalariados y los autónomos, y por la negativa de la Seguridad Social a articular una mejora transitoria de las exenciones en IRPF por aportaciones al los planes de pensiones privados, que se mantiene en 1.500 euros como límite para este año.
El Ejecutivo, no en vano, no solo tuvo en frente al PP y Vox sino que también encajó los votos en contra de varios de los socios de coalición: ERC, Compromís, Más País, BNG, CUP, además de otros como UPN, Foro Asturias, JxCat. En resumen la votación se aprobó por 172 votos a favor y 163 votos en contra. Y con la abstención de Coalición Canaria y Bildu, que confirmó su posición de cara a la pleno tras certificar el acuerdo con el Gobierno para incluir en el decreto de ampliación de las medidas anticrisis un incremento del 15% de las pensiones no contributivas para lo que resta de año.
El debate celebrado en el pleno, no obstante, volvió a enfangarse entre las críticas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien los partidos responsabilizan del caos que ha rodeado la aprobación de la ley hasta llegar a la Cámara Baja, y que culminó con la «chapuza» de la sesión de la Comisión de Trabajo que se cerró con al inclusión por error de un paquete de enmiendas de Unidas Podemos que echaba abajo el eje central del proyecto de impulso a los planes de pensiones de empleo al limpiar de incentivos fiscales la ley.
En este punto, el diputado del PP, Jaime de Olano, afeó las formas del Gobierno con las que se habían llegado a esta votación. «Es una chapuza», señalaba replicando las críticas vertidas por los populares ya una semana antes en comisión. «Apoyamos los votos particulares para solventar el dislate», argumentaban los populares antes de confirmar que pese a ello no apoyarían el dictamen final de la ley. También desde el PNV, Íñigo Barandarian, afeo las formas al ministro Escrivá, pese a anunciar el apoyo a la medida. «No se ha hecho bien», lamentaba antes de asegurar que entiende las prisas que ha impuesto Bruselas para da luz verde al fondo público de pensiones.
Última bola de partido
De hecho, la confirmación del proyecto de ley por parte de los parlamentarios se llevó a cabo en dos fases, al tener que aprobarse primero los votos particulares introducidos por Cs y el propio PSOE para enmendar el error de la Comisión de Trabajo celebrada la pasada semana. Este sí fue un mero trámite en la mañana del jueves al sumarse a este recurso casi la totalidad de la Cámara, lo que sirvió para rechazar el destope de las bases máximas de cotización y la reducción a la mitad de los incentivos fiscales para trabajadores por sus aportaciones a los planes de pensiones de empleo.
Precisamente, la portavoz de Cs en el Pacto de Toledo, María Muñoz, aseguraba en su intervención que la formación naranja seguirá presionando para mejorar el texto en la medida de lo posible durante el trámite del Senado. «Lucharemos en el trámite del Senado», aseguró tras celebrar que el Ministerio de Seguridad Social incluyera parte de sus enmiendas en el dictamen final, como el incentivo del 10% sobre el Impuesto de Sociedades para las aportaciones del empresario al plan de empleo y la supresión del derecho a veto que se arroga la Administración en la Comisión Especial de Seguimiento de los fondos de pensiones sobre las inversiones a las que se destinarán los ahorros de los trabajadores.
