El ‘decreto Ábalos’ que aprobó el anterior ministro de Fomento para poner orden en el sector de las licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC) está a punto de estallarle en las manos al Gobierno. Las plataformas amagan con denuncias millonarias, las comunidades reclaman al Ejecutivo una nueva moratoria para la entrada en vigor de la norma, mientras que el sector del taxi avisa que se echará a la calle si se aprueba la prórroga. El gremio, además, tiene de su lado a un influyente aliado: el PSC.
Los implicados empiezan a posicionarse con vistas a octubre. Si no hay novedades, 9.329 permisos con los que operan Uber y Cabify dejarán de tener validez el día 1 de ese mes. La reforma aprobada en 2018 por Fomento prohibía que estas autorizaciones realizaran trayectos urbanos si la comunidad autónoma de origen no regulaba de forma expresa su actividad. Para evitar caer en las expropiaciones, Ábalos compensó entonces a los propietarios de estos permisos con una moratoria de cuatro años durante los cuáles podrían seguir operando con normalidad. Una prórroga que finaliza el próximo mes de octubre.
Las regiones han ignorado hasta ahora este plazo. Desde 2018, solo la Comunidad de Madrid ha regulado el uso de estas autorizaciones para asegurar su uso, con una ley que se aprobó pese a la fuerte oposición del taxi y que ha entrado en vigor esta misma semana. El resto de regiones, sin embargo, no han impulsado todavía normativas propias, lo que deja en el aire casi 10.000 de las 17.500 autorizaciones de VTC activas en España.
Es por ello que varias autonomías han empezado a plantear una nueva moratoria al Gobierno más allá del plazo inicial de cuatro años. Una iniciativa que ha sido encabezada por la Comunidad Valenciana, que tras Madrid, Andalucía y Cataluña es la que más licencias tiene operativas, con 681 permisos, según los últimos registros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El Gobierno se había mostrado dispuesto al menos a tratar esta posibilidad, y por eso había convocado a los directores generales de transportes de las comunidades autónomas a una reunión extraordinaria que se iba a celebrar ayer. En el orden del día del encuentro, que también iba a servir para que el Ejecutivo animara a las autonomías a regular, se incluía un punto para analizar una posible prórroga al fin de estos permisos.
Pero la reunión no llegó a producirse. Organizaciones del taxi como Élite accedieron al orden del día y amenazaron el martes con convocar movilizaciones masivas si se llegaba a tratar una nueva ampliación de la moratoria. «Si las comunidades no han hecho los deberes es su problema», explican desde la asociación.
Según ha podido saber este periódico por varias fuentes, miembros del PSC han presionado a la ministra de Transportes (y también miembro del partido catalán), Raquel Sánchez, para que desconvoque por sorpresa el encuentro con las comunidades. Los socialistas catalanes cuentan con una sólida alianza con el sector del taxi, un gremio que tiene un gran peso en la región. Reflejo de esta alianza es por ejemplo el hecho de que el PSC haya apoyado reivindicaciones del gremio como que la proporción de licencias de taxi y VTC vuelva a ser de 30 a 1 en Cataluña.
Tras el rechazo frontal del partido a analizar siquiera una posible prórroga del ‘decreto Ábalos’, el Gobierno ha reiterado a varias asociaciones que esta moratoria no se llevará nunca a cabo y el 1 de octubre dejarán de tener validez aquellas licencias VTC que no estén reguladas en su comunidad de origen.
Petición del Bruselas
Mientras, desde Uber y Cabify han empezado a hacer ‘lobby’ para evitar lo que en la práctica sería la desaparición del sector. El CEO y fundador de Cabify, Juan de Antonio, ha reclamado esta misma semana a las autonomías que regulen. Y las patronales, Aseval y Unauto, han pedido a la Comisión Europea que presione a las regiones. En el horizonte aparecen ya demandas millonarias contra el Estado si finalmente las autonomías no aseguran la supervivencia de las VTC.
