El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha vuelto a dar por concluida la investigación del encargo realizado por Repsol y Caixabank a las empresas de José Manuel Villarejo y ha exonerado tanto al presidente de la petrolera, Antoni Brufau, como al expresidente de la entidad, Isidro Fainé.
García Castellón ya dio por finalizada la investigación el pasado mes de julio, cuando archivó las actuaciones para estas y otras cinco personas. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó retomar las pesquisas y la pieza se reabrió el pasado 7 de febrero, cuando todos volvieron a estar imputados.
Esta semana ha acudido a declarar el que fue jefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, y lo hizo a petición propia para incidir en que la decisión de elegir a la de Villarejo y no a otra empresa de investigación para indagar en torno al plan de Sacyr de ampliar su peso en el accionariado de la petrolera, fue exclusivamente suya y nunca reportó con Brufau sobre el tema. Alegó además que seleccionó a Cenyt por razones profesionales, nada que ver con un valor añadido que se presume daba el comisario a golpe de acceso a datos reservados y personas influyentes, a su clientela.
Y si sus explicaciones convencen al juez en lo tocante al presidente de Repsol, no lo hacen en lo que a él mismo respecta. La resolución que da por cerrada esta pieza de la causa procesa a Araujo, a su superior en Seguridad Corporativa Rafael Girona; al exjefe de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño, al propio Villarejo, al abogado de sus empresas Rafael Redondo y al comisario que fue jefe de la UCAO, Enrique García Castaño.
Mientras, se quedan fuera además de Brufau y Fainé y las dos empresas, los directivos Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris, Juan de Amunátegi y Antonio Masanell, que también estuvieron imputados en su día y que fueron igualmente exonerados en la resolución que tumbó la Sala de lo Penal.
En cuanto a Repsol y Caixabank, el juez concluye «sin género de dudas» que ambas compañías, ya en el momento de la contratación con Cenyt, contaban con un modelo de prevención de delitos que cumplían con los requisitos previstos en la ley y, por tanto, no se les puede atribuir los delitos que se investigan. Mientras, sobre Brufau y Fainé lo que señala es que no hay indicios ni sospechas de que la orden de contratar con Villarejo fuese conocida por ellos ni que fuesen informados de los resultados o los pagos. «De todo ese acervo se desprende su total falta de participación en los hechos investigados, estando prescrita la imputación por razones meramente objetivas por razón del cargo», dice el auto que les saca de la causa.
Sitúa así, de nuevo, el techo de responsabilidad en los ex policías que estaban al frente de los servicios de seguridad de ambas compañías, porque fueron ellos quienes se reunieron en varias ocasiones con Villarejo y Redondo desde finales de 2011 hasta la primera mitad de 2012 en el contexto de un encargo que buscaba información sobre el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director Financiero de Repsol YPF. El precio, 413.600 euros.
Los hechos serían constitutivos de los delitos de cohecho pasivo (Villarejo y Redondo), cohecho activo (Rafael Araujo, Fernández Rancaño y Rafael Girona) y descubrimiento y revelación de secretos (Enrique García castaño, Villarejo y Redondo).
