El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado rechazar la imputación de Iberdrola S.A por los distintos encargos realizados a lo largo de una década a empresas de José Manuel Villarejo. Entiende que fue Iberdrola Renovables, que sí está imputada, la que de forma autónoma encargó un proyecto al comisario y asumió las facturas, sin participación de la matriz.
En una resolución a la que tuvo acceso ABC, García Castellón responde a las peticiones entre otras, de la acusación que ejerce el presidente de ACS Florentino Pérez. Solicitaban la imputación también de Iberdrola S.A. por entender que los directivos que encargaron, autorizaron o pagaron los trabajos a Villarejo se desempeñaban para todo el grupo desde la matriz, y por tanto la persona jurídica había de responder por ellos y no sólo la filial a la que beneficiaban esos encargos.
Se trata en concreto del proyecto «Wind», desplegado a partir de 2011 en relación a los negocios que Iberdrola Renovables quería poner en marcha con Eolica Dobrogea en Rumanía. De acuerdo a la investigación, tuvo una segunda fase en 2016, donde la investigación «se centró en la localización de bienes» de esa empresa y su principal accionista «sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral favorable a Iberdrola Renovables Energía, S.A. que había sido dictado».
«Con relación al concreto proyecto Wind -dice la resolución- no consta que la matriz determinara la realización del delito por proceder el encargo de esta. No consta a estos efectos que la sociedad matriz hubiera tenido intervención en la contratación propia del proyecto Wind, con lo que no es posible trasladarle la responsabilidad penal como persona jurídica por omisiones en el control de un encargo en el que no ha participado, ni se le conoce ningún tipo de intervención».
En la resolución, el juez expone que «a diferencia de las circunstancias que determinaron la citación como investigada de Iberdrola Renovables, en donde se apreciaba claramente la conexión entre la mercantil y los hechos objeto de investigación, en el presente caso no se desprende del estudio de las actuaciones un hecho de conexión o hecho de referencia que permita sustentar la responsabilidad penal de la persona jurídica Iberdrola S.A.»
En este sentido, detalla que sobre la filial se intervino a Villarejo documentación generada en la ejecución de los encargos, constan anotaciones en sus agendas relacionadas con el proyecto Wind y facturas giradas a Iberdrola Renovables. Además, en las fechas de aquel encargo, el presidente del Grupo Iberdrola, y en concreto de Iberdrola Renovables Energía, S.A., era Ignacio Sánchez Galán, que está imputado; y el director General de Negocios era José Luis San Pedro, también investigado.
Mientras, el interlocutor de Villarejo era el entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, y «consta identificado» que al margen de otros cargos en el grupo empresarial, era «apoderado de Iberdrola Renovables» y él mismo reconoció ante el juez que el encargo surgió de la necesidad que le expresó un directivo de esa filial, que no de la matriz Iberdrola S.A.
El rol de Asenjo
«El hecho de que Antonio Asenjo fuera al tiempo de los hechos Director de Seguridad de todo el Grupo Iberdrola, no permite desplazar la responsabilidad penal de la persona jurídica a la sociedad matriz del Grupo, que, siguiendo una escala jerárquica, se encontraría además dos escalones por encima», expone el juez.
«A partir de estas premisas -añade-, no identificamos un hecho propio en la persona jurídica Iberdrola S.A., que justifique su llamada al proceso como investigada, sin que sea posible fundamentar la imputación en un desplazamiento automático u objetivo de la responsabilidad desde Iberdrola Renovables Energía SA a la sociedad matriz del Grupo Iberdrola cuando es la propia filial la que ha intervenido en los hechos de manera directa y autónoma, haciendo el encargo y abonando la factura correspondiente«.
En opinión del instructor, que va alineado con la Fiscalía Anticorrupción en este asunto, «resultaría en este caso desproporcionado atribuir responsabilidad penal a la sociedad matriz por unos hechos llevados a cabo por una sociedad del grupo situada dos escalones por debajo, pese a que pudiera intuirse, como sucede de forma habitual en todos los Grupos de Sociedades, la existencia de una actuación unitaria en el mercado».
Considera así que sería «infundado» y «desproporcionado» exigir a la matriz «controlar todas las actuaciones de su filial para tratar de evitar la comisión de delitos cuando se trata de una actuación propia y exclusiva» de esa misma sociedad filial.
