Fin del debate. El Gobierno no acometerá un plan de pago por uso en la red de alta capacidad (autovías y autopistas) en la presente legislatura. La falta de consenso que persigue a esta medida y la compleja situación económica de las familias y las empresas de transporte por la inflación han provocado que el Ejecutivo entierre de forma temporal esta iniciativa, que había prometido a Bruselas para antes de 2024.
El anuncio lo ha realizado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este jueves en el XIII Encuentro del Sector de Infraestructuras, el Transporte y la Movilidad Sostenible, organizado por Deloitte y ABC. Sánchez ha explicado durante su intervención que, si bien el Gobierno va a realizar un «estudio de alternativas», «en este contexto y entorno hay que atender a la situación económica». «A corto plazo difícilmente podremos implantar esta medida, porque no se dan las bases para facilitar el consenso necesario para acometerla», ha subrayado.
Era un secreto a voces, pero el Gobierno no había tirado la toalla con los peajes hasta ahora. Al menos, no de forma pública. Tal y como ha publicado este periódico, el anteproyecto de la ley de movilidad deja en el aire esta posibilidad, que había sido incluida como una medida en firme en el plan de recuperación remitida a Bruselas.
Los peajes habían dividido al mundo empresarial, ya que mientras las empresas de infraestructuras y operadores como Renfe habían reclamado su aprobación, el sector del transporte se había negado por completo a ella. La posibilidad de que estas tasas llegasen a las carreteras, de hecho, fue una de las razones por las que los transportistas acometieron los paros vividos durante el mes de marzo.
