La inversión del Estado en Cataluña vuelve una vez más a la arena política. El informe publicado este lunes por la Intervención General del Estado (IGAE), que refleja que el Estado solo ejecutó el 36% de las inversiones previstas en la comunidad, ha levantado ampollas entre los socios nacionalistas del Gobierno, que llevan años quejándose del maltrato del Ejecutivo en materia de infraestructuras.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha intentado calmar los ánimos este miércoles con un encuentro con el presidente de la Generalitat, Pere Argonés y el conseller de Territorio y vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró. Fuentes del ministerio explican que durante la reunión la titular de Transportes ha tendido la mano al presidente de la Generalitat para acelerar la ejecución de las inversiones previstas en la comunidad autónoma.
Además, Sánchez ha recordado a Aragonés el «esfuerzo inversor» del Gobierno en Cataluña desde la llegada del Partido Socialista al poder. La ministra ha señalado que desde junio de 2018, cuando triunfó la moción de censura contra Mariano Rajoy, se han ejecutado más de 3.700 millones de euros en la autonomía, la mayor cifra de inversión de toda España. La reunión, que ha durado entre 20 y 30 minutos ha tenido lugar después del acto de presentación de la oficina de Google en Barcelona.
Ambas partes han consensuado una nueva reunión de la comisión de seguimiento de infraestructuras, donde se abordará la situación de la ejecución de las infraestructuras en Cataluña y la necesidad de acelerar determinadas obras en marcha.
La Generalitat lleva meses reclamando al Gobierno central no solo más inversiones en materia de infraestrucutras, sino también más competencias. Por ejemplo, Cataluña reclama al Estado que se complete la cesión del servicio ferroviario de Cercanías. Una medida a la que se oponen los trabajadores de Renfe y Adif, que consideran que de esta forma se estaría produciendo una escisión de ambas empresas públicas.
