La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, está dispuesta a dejar 550 millones de euros de deuda a Celsa Group, el mayor rescate de los que habría aprobado por motivo de la crisis económica vinculada al coronavirus. Pero para ejecutarlo pone unas condiciones que pasan por que antes la dirección de la compañía y los fondos oportunistas que controlan el grueso de su deuda acuerden la reducción de esta en 1.200 millones de euros. Y esos términos, cuando faltan tres semanas para que se tenga que cerrar la ayuda pública, no se cumplen. Al contrario. Ambas partes mantienen posiciones contrapuestas, según ha quedado de manifiesto tras la reunión celebrada este lunes.
