El expresidente de Sacyr Luis Del Rivero ha recurrido en apelación la decisión del juez Manuel García Castellón que la semana pasada cerró la investigación sobre el encargo de Caixabank y Repsol al comisario Villarejo sin reproche penal ni para las empresas ni para para Isidro Fainé y Antoni Brufau. Le acusa de emprender un ejercicio de «prestidigitación jurídica» para poder llegar a esa conclusión.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, señala que el juez, con esa decisión, «silencia» que la Sala de lo Penal «verificó que de loactuado se desprendían indicios racionales de criminalidad» contra Fainé y Brufau, entre otros, cuando ordenó reabrir la investigación que meses antes, ya se había dado por agotada.
«El magistrado instructor, con preterición de tan relevante extremo, parece pretender desandar lo andado y fiscalizado por el órgano de apelación sin molestarse siquiera en abordar esos indicios y tratar de contradecirlos de algún modo. Más limitadamente, evita el desafío intelectual de enfrentarse a su análisis y construye su resolución como si no existieran, lo cual, a no dudar, resulta arbitrario», argumenta la defensa de Del Rivero.
En este sentido, critica que el juez archiva la causa para el expresidente de Caixabank y el presidente de Repsol razonando que las pruebas practicadas no llevan a indicios concluyentes contra ellos, pero «lo que califica de resultado de las diligencias no es fruto de un análisis o razonamiento sino una especie de acta mal resumida de lo que fueron las declaraciones de varios testigos y un investigado». Dice que más allá de eso, carece de motivación.
«Se trata de un resumen convenientemente mutilado, que oculta cualquier pasaje de las declaraciones que pudiera reforzar los indicios contra los investigados. Se trata, pues, de una valoración -rectius, transcripción- sesgada, por unidireccional, de diligencias de investigación que, en cualquier caso, tienen escasa importancia de descargo», alega en el recurso.
Para Del Rivero, que a lo largo de 116 páginas recuerda los indicios que se observaron a la imputación de las personas físicas y jurídicas en la causa para incidir en que no han sido refutados, «se avista un cambio de rumbo en el instructor, quien, con preterición de la argumentación empleada en su primer auto de archivo, que no superó la fiscalización de la superioridad, ha cambiado sus motivos (…) haciendo caso omiso a los elementos incriminatorios destacados por el órgano de apelación».
