José Pablo Sancha, de 50 años, tira de ironía al hablar de su hipoteca: “Es muy completa”, dice al teléfono el propietario, junto con su mujer, del unifamiliar donde viven con sus dos hijos en una localidad próxima a Sevilla. Firmaron en 2006 un préstamo de 180.000 euros que considera “el paradigma de todo lo que no se debe hacer” por la cantidad de cláusulas abusivas que contenía. El empleado público explica que se dieron cuenta pronto, a los tres años, cuando vieron que las cuotas de otros bajaban y las suyas no lo hacían. En 2014 demandaron por primera vez y desde entonces, al albur de sentencias españolas y europeas, han ido viendo lo que podían reclamar y lo que no. Su próxima batalla es un seguro de vida que pagó y sobre el que no sabe nada. “Se me incluyó como un gasto en el conjunto de la operación”, se queja Sancha, “pero cuando he pedido una copia me han dicho que no me la dan porque no soy el beneficiario”.
