CC.OO. y UGT ponen fin este viernes a la huelga de tres días convocada contra lo que consideran como una operación de desmantelamiento del servicio postal público por parte del equipo directivo de Correos dirigido por Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en los tiempos en que peleaba por la Secretaría General del PSOE. La huelga acaba, pero la intención de los sindicatos convocantes es mantener el pulso a la empresa. «El conflicto en Correos no es solo laboral. Es político y social. Exigimos un modelo postal de país y respeto a un servicio público esencial. El Gobierno no puede seguir avalando con su silencio este desastre. Esperamos que el presidente Pedro Sánchez haya tomado nota«, señalaba este viernes a modo de cierre a las tres jornadas de huelga el responsable del área postal de UGT, José Manuel Sayagués.
La intención de CC.OO. y UGT, los únicos sindicatos que han sostenido la convocatoria de huelga de los once con representación en la empresa pública, si bien su representatividad ronda el 70%, es dar carrete a la protesta y en la medida de lo posible llevarla a la arena política. El comunicado de balance emitido este viernes por las dos centrales destaca «el respaldo de los representantes de la ciudadanía en el Congreso», que en su opinión «lanza un claro mensaje al Gobierno: no puede desentenderse del servicio postal público, ni avalar con su silencio el desmantelamiento de Correos y la pésima gestión de su presidente«.
La empresa ha contestado al relato sindical con cifras. Frente al seguimiento del 80% del que hablaron los sindicatos convocantes tras la primera jornada de huelga, «la mayor movilización de los últimos tiempos», dijeron, Correos ha subrayado este viernes el escaso seguimiento de una huelga, que según sus datos han respaldado el 18% de los trabajadores el primer día, el 11%, el segundo; y el 13% en la jornada final del viernes. «La actividad se está desarrollando con total normalidad y la atención al usuario no se está viendo afectada en ningún momento», aseguraba este viernes la empresa.
La Dirección de Correos desmiente asimismo algunos de los mensajes de los huelguistas. «Correos es y seguirá siendo pública«, subrayan frente a los tambores de privatización que aprecian UGT y CC.OO. tras el proceso de diversificación de los últimos años, y la »transformación del modelo de negocio en ningún caso supone un debilitamiento del servicio, ni cierre de oficinas, ni ningún proceso de despidos«, rechazando los riesgos señalados por los sindicatos.
El desencuentro es total. Las maniobras intentadas desde la Dirección de Correos desde hace más de tres años para implicar a los dos sindicatos mayoritarios en la negociación del plan estratégico de la compañía -el que pretende la transición de la empresa desde su condición actual de operador postal tradicional hacia la de empresa de logística integral- y la renegociación del convenio colectivo que la empresa considera necesaria para abordar la misma, incluyendo la intermediación a sueldo de dos exministros de Trabajo, Manuel Pimentel y Valeriano Gómez, han fracasado.
Los sindicatos convocantes consideran desde hace meses que la situación en Correos está tan enquistada que la solución ya no puede salir de una distensión interna (se han desentendido de los posibles espacios de negociación con la empresa) sino de una intervención directa del Gobierno. Durante meses han intentado que fuera el Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes) -el que ostenta las competencias sobre la regulación del sector postal-, primero con José Luis Ábalos y ahora con Raquel Sánchez, el que tomara cartas en el asunto. Ahora ya miran directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su lucha por dar al asunto una dimensión política cuentan ahora con el respaldo del PP, que hace semanas inició una ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones sobre la gestión del correo público.
