Jueves 9 de junio por la noche. No quedan sándwiches en las saqueadas máquinas de vending de un enorme edificio del Paseo de la Castellana de Madrid. La tensión gobierna en el Ministerio de Industria, donde su titular, Reyes Maroto, negocia con los representantes del Grupo Siro llegados en minibús y el inversor del que depende que esta galletera no cierre. Maroto media entre las ofertas de la compañía, que llegan por teléfono, y las demandas sindicales, sobre quienes pesa el futuro de 1.700 empleados. Los recesos para debatir se digieren con café hasta que, hacia las tres y media de la madrugada, aparece el ansiado “principio de acuerdo”. Por fin, luz tras semanas de temor a un desenlace mortal para Castilla y León, donde Siro conservará sus cuatro fábricas.
