El presidente de Acerinox, Rafael Miranda, ha asegurado hoy que las negociaciones con Aperam para una fusión «se han acabado» y considera que una posible opa hostil «no es pensable» en un sector como el siderúrgico, muy vigilado por los riesgos de competencia en cualquier operación de concentración. «Lo digo porque sé mucho de opa hostiles» añadió, en referencia a la opas que sufrió Endesa cuando él era consejero delegado de esta compañía.
No obstante, subrayó que Aperam quería comprar el 100% de Acerinox y que la oferta de precio ‘no vinculante’ que planteó «estaba muy alejada del valor intrínseco de Acerinox y decidimos no proseguir».
Miranda dejará Acerinox mañana, tras la junta de accionistas, porque supera ya el límite de 72 años establecido para los consejeros del grupo. Ha permanecido 8 años en su presidencia y será relevado por Carlos Ortega, mientras Bernardo Velázquez continuará como consejero delegado ejecutivo.
Por otra parte, Velázquez subrayó la disparidad en los costes energéticos dentro del propio grupo, con unos niveles de 220 euros por megavatio (MWh) en Europa en el primer trimestre de este año, frente a los 45-46 euros/MWh en Estados Unidos.
«En Europa hay una situación que hay que hacérsela ver, agravada con el tema de Ucrania, y aquí, pues bienvenida sean todas las medidas transitorias que se ponen encima de la mesa, pero que son medidas transitorias y no duran mas que un año y alguien lo va a pagar», dijo.
Así, consideró que Europa no puede ser «dependiente de una región del mundo» energéticamente y debe «redefinir» lo que quiere. «Se necesita jugar todavía con la energía nuclear y el gas», añadió Miranda al respecto. Y si se reforma el mercado eléctrico «debe de ser a nivel europeo».
Asimismo, Miranda consideró que el Gobierno español «probablemente pueda hacer algo más» en este sentido por medio de la fiscalidad o de flexibilidad laboral para defender a la industria del país. «Soy de los que cree que si el mundo está yendo por la vía de reducciones fiscales, pues si vas por la vía contraria impones a los agentes económicos una carga que otros no tienen», dijo Miranda.
