La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) denuncia que la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) planteada por el PSOE, cuya toma en consideración se debate hoy en el Congreso y que previsiblemente el Gobierno, con sus apoyos parlamentarios, consiga sacar adelante mañana, constituye una «maniobra política» para trasladar al Tribunal Constitucional (TC) el resultado de las últimas elecciones generales, «lo que entraña un riesgo sistémico contra la separación de poderes y de quiebra del Estado de Derecho».
«Así resulta evidente de los principios de la normativa trasnacional europea, tanto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como de las recomendaciones de la Comisión Europea, muy en particular a la vista de los paralelismos entre los Estados español y polaco», añade esta plataforma, formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico.
La PCIJ recuerda que ese riesgo sistémico provocó la intervención de las instituciones de la Unión Europea en Polonia con un procedimiento de infracción, y advierte de que «España podría ser la siguiente, si sale adelante esta reforma».
El plan del Gobierno es que esta tarde el Congreso celebre un primer debate de totalidad de esta iniciativa y que mañana se discutan las enmiendas parciales y se vote su aprobación, por lo que el texto se remitiría el jueves al Senado, que también acelerará el trámite para dejarlo liquidado la próxima semaña y abrir la puerta a la renovación del tribunal de garantías.
TC Y POSIBLES INFRACCIONES DE LA NORMATIVA COMUNITARIA
La PCIJ destaca que aunque el Tribunal Constitucional no se integre formalmente en el Poder Judicial, «las exigencias de imparcialidad e independencia del mismo son equivalentes».
Y ello, según expone, porque el TC, en particular al resolver recursos de amparo, decide asuntos de naturaleza estrictamente jurisdiccional, incluso enmendando las decisiones del Poder Judicial; porque el TEDH ha declarado aplicable la garantía del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) a los tribunales constitucionales (sentencia de 7 de mayo de 2021, asunto 4907/18, Xero Flor); y porque las recomendaciones de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho (UE) 2017/1520, señalan que “las injerencias del Ejecutivo en el procedimiento normal para la designación de jueces del Tribunal Constitucional, afectan a la legitimidad e independencia del mismo y, en consecuencia, a la existencia de un control eficaz de constitucionalidad de las normas internas”.
La PCIJ recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el TEDH vienen declarando reiteradamente, sobre todo en relación con el caso de Polonia, que «la forma de designación (política) de un tribunal puede afectar a la validez de sus resoluciones -sentencias del TJUE de 19 de noviembre de 2019 (C-624/18) y 2 de marzo de 2021 (C-824-18) y sentencias del TEDH de 22 de julio 2021 (Reczkowicz), 8 de noviembre 2021 (Dolińska-Ficek and Ozimek), y de 3 de febrero de 2022 (Advance Pharma)».
Añade que el GRECO también viene advirtiendo sobre lo mismo «específicamente en relación con el caso español». «Por esta razón, si no se cumplen las normas europeas sobre Estado de Derecho y separación de poderes, podemos empezar a encontrarnos de manera inminente con decisiones judiciales europeas que coloquen a la justicia española en una situación insostenible», advierte esta plataforma.
Por otra parte, asegura que la forma de designación de los magistrados del tribunal de garantías «presenta tradicionalmente el mismo perfil de mercadeo (horse-trading) que los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial». Del mismo modo, agrega, «también es habitual que el poder político hurte a la soberanía del Tribunal Constitucional la capacidad de facto para designar a su presidente».
Por consiguiente, la PCIJ manifiesta que el Constitucional «está sujeto, como el CGPJ y los tribunales por él nombrados, al evidente peligro de que en Europa comience en breve a cuestionarse la legitimidad de sus resoluciones».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial sostiene que la reforma de la LOPJ para designar magistrados del TC «no hace sino poner negro sobre blanco ante Europa que la finalidad de legislador español es la de trasladar el resultado de las últimas elecciones generales a la composición del Tribunal Constitucional», órgano que «ejerce de legislador en negativo, cuando declara la inconstitucionalidad de las normas» y máximo intérprete de la ley con arreglo a la Constitución cuando los juzgados y tribunales ordinarios juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, de manera que «no debe ser expresión de la soberanía popular, sino de la aplicación técnica de la Ley» conforme a la Carta Magna.
REFORMA DE LA REFORMA
La PCIJ recuerda que hace poco más de un año, el Gobierno promovió la modificación de la LOPJ para impedir al CGPJ la realización de todos los nombramientos discrecionales mientras estuviese en funciones (LO 4/2021, de 29 de marzo), y que ahora se encuentra con que la propia reforma que impulsó le impide designar a los dos magistrados del TC que le corresponden, dado que su nombramiento va ligado al de los dos que debería proponer el CGPJ, pero el Consejo no puede hacerlo, por lo que pretende ahora «reformar la reforma, pero solo para hacer recuperar al CGPJ en funciones la competencia para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional».
La reforma que limita funciones al órgano de gobierno de los jueces está provocando graves disfunciones en el Tribunal Supremo, que ya cuenta 14 plazas vacantes, e impide también que no puedan renovarse los cargos de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales. La Sala de Gobierno del TS ha reiterado recientemente que la no renovación del CGPJ originará en breve dificultades para su funcionamiento.
La PICJ señala que la reforma de 2021 fue explicada por el Gobierno como un intento de despolitizar el CGPJ, lo que «ya entonces era un propósito poco creíble», y que la reforma de la reforma «evidencia con mayor claridad que el Gobierno ha dejado de actuar con ambages y, considerando prioritario trasladar el resultado ideológico de las últimas elecciones generales en el Tribunal, está dispuesto a defender que no quiere politizar la justicia deshaciendo parte de la reforma de 2021».
Más aún, recuerda que la iniciativa del Gobierno se tramita como Proposición de Ley, y no como proyecto, para evitar informes del CGPJ y otros trámites que podrían retrasarla o cuestionarla. La PCIJ hace hincapié en que el Ejecutivo «debería seguir las recomendaciones europeas en orden a que toda ley que afecte a la esencia del sistema judicial debe ser objeto de informe no solo del CGPJ, sino también de la Comisión Venecia del Consejo de Europa«, pero no lo hace.
Por último, indica que la posibilidad de que el Gobierno designe a sus dos candidatos sin que se designen los del CGPJ, a la vista de que el artículo 159.3 de la Constitución lo permitiría, aunque no podrían incorporarse al Tribunal Constitucional hasta que lo hiciera el grupo completo de cuatro, «no constituye tampoco una solución conforme a la separación de poderes». En este sentido, señala que la sentencia del TC 191/2016, que aceptaba la posibilidad de una renovación parcial del CGPJ, «no es de aplicación, pues la Constitución establece expresamente y de modo concreto la porción a renovar de una vez».
PP, VOX y Ciudadanos han manifestado su oposición a esta reforma y a su tramitación abreviada. También tiene el rechazo de tres de las cuatro asociaciones de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI). Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, opina que es «la consecuencia del bloqueo a la renovación que el PP lleva realizando desde diciembre de 2018».
Hasta ahora, el PP había fijado como línea roja un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, pero el pasado lunes mostró su disposición a pactar si el Gobierno retiraba esta Proposición de Ley, algo a lo que Moncloa se ha negado.
EL CGPJ PIDE SER ESCUCHADO
Por su parte, el CGPJ ha reclamado al Congreso que le pida su opinión, «en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional».
De la misma forma, el órgano de gobierno de los jueces ha solicitado a la Cámara Baja que, en relación con la misma iniciativa legislativa, «recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho», la conocida como Comisión de Venecia, del Consejo de Europa.
Así se aprobó en un Pleno extraordinario celebrado el lunes para abordar la propuesta de un grupo de nueve vocales que ven «contradictora e incoherente» la justificación que ha dado el PSOE para emprender esta segunda reforma de la LOPJ.
«Tan órgano constitucional es el tribunal de garantías (TC) como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo», señala el texto aprobado por el CGPJ, con diez votos a favor, siete en contra y dos en blanco.
Además, los vocales acordaron trasladar al Congreso y al Senado la «honda preocupación» que expresó la Sala de Gobierno del TS en su acuerdo del 27 de junio por la «insostenible» situación en la que se encuentra el Alto Tribunal por la imposibilidad del CGPJ de cubrir las vacantes.
La PICJ viene reclamando desde hace años que se cumpla con las exigencias de Europa, lo que incluye que se modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean elegidos por los propios jueces, como la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, «ha dejado claro que hay que hacer antes de renovar».
