«Mi hijo mayor tiene hoy 8 años pero todavía recuerda lo ocurrido la madrugada del 2 de julio de 2020, cuando los Mossos d’Esquadra tiraron abajo la puerta de nuestro piso de Adrià del Besòs, y a mí me golpearon y me pusieron las esposas. Después de aquello, cuando mi hijo veía a un mosso o a un guardia urbano por la calle me decía, ‘mira, papa, los ladrones que entraron en nuestra casa’. Y se agarraba a mí con fuerza», cuenta Jordi Rojo Vergara, de 46 años, tapicero de profesión en Barcelona.
«Estuvo un año yendo al psicólogo para superar aquello que vivió. Lo que se vio potenciado por el ruido de la alarma que había instalado y que los mossos no acertaban a saber apagar. ¿Qué okupa pone una alarma en una casa ocupada? Los otros dos, más pequeños, de 4 y 5 años ahora, casi ni se enteraron porque los mossos se los llevaron, junto a mi mujer a otra habitación», añade.
De acuerdo con el informe elaborado por la Fundación Torras de Beá, el menor, de 6 años en el momento de los hechos, los estruendos a tan intempestivas horas» le hicieron padecer «miedos nocturos y reacción al estrés agudo».
DE MADRUGADA
Todo sucedió a las 5.39 de la madrugada de ese día, un jueves. La intervención formaba parte de la operación policial autorizada por el magistrado Josep Maria Noales Tintoré, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Badalona, contra la cúpula de «Los Manolos», un clan familiar al que la Policía Judicial de los Mossos asociaban con el narcotráfico en esta localidad fronteriza con Barcelona.
En total fueron movilizados 500 agentes de la polícía autonómica catalana. Detuvieron a 26 personas y practicaron 18 registros en domicilios del barrio.
Uno de ellos fue, precisamente, el de la casa de Jordi Rojo Vergara. El piso, de 101 metros cuadrados de superficie, está situado en la Avenida del Ferrocarril. Allí había comenzado a vivir veinte días atrás esta familia después de permanecer okupado durante más de cuatro años por gente que, al parecer, se dedicaba a la venta de estupefacientes.
Eso fue lo que, precisamente, buscaron los mossos, además de dinero y efectos robados.
No encontraron nada. Pero dejaron la casa, que ya tenían medio arreglada, completamente destrozada.
«A mí me golpearon y me dieron lo mío al reducirme. 50 golpes en el hombro izquierdo, una herida en la mano izquierda y una contusión en la rodilla izquierda«, relata Jordi Rojo.
«Me tuvieron dos horas esposado hasta que pude convencer, primero al mosso a cargo de la operación, y luego a la secretaria judicial de que se habían equivocado. Me costó lo mío, pero finalmente entraron en razón».
Jordi Rojo les contó la verdad. Que el piso había sido de sus padres, ya fallecidos, que se lo había dejado a su hermano menor para que viviera y que éste lo abandonó sin decirle nada y que, finalmente, había sido ocupado.
PLEITEANDO CON LOS OKUPAS, HASTA QUE GANÓ
«Les conté que había estado pleiteando contra los okupas desde hacía meses ante el Juzgado de Instrucción 5 de Badalona, donde presenté una denuncia por delitos leves. Me amenazaron por ‘WhatsApp’. El juicio se fijó para el 26 de junio de 2020 pero tres días antes, el 23 de junio, uno de los okupas se puso en contacto conmigo para decirme que se marchaban. Me entregó las llaves y yo retiré la denuncia», relata.
«La secretaria judicial me preguntó varias veces si le aseguraba que llevabamos viviendo en nuestro piso desde el 23 de junio. Porque no daba crédito. Todas las veces le contesté sí, sí y sí. Les dije que vieran en mi móvil los ‘WhatsApp’ amenazantes de los okupas. Para mí era evidente, y para ella –y para los mossos–, que se habían equivocado de pe a pa, también lo fue. Después se marcharon dejándonos la casa hecha unos zorros», añade.
El Juzgado de Instrucción 5 de Badalona, cuya titular era entonces la magistrada Marta Forcada Noguera, le devolvió a Rojo Vergara la posesión del piso el 23 de junio. Desde este órgano judicial jamás se pusieron en contacto con el otro, el Instrucción 4 de Badalona. A pesar de estar a pocos metros de distancia.
El 30 de junio, ocho días después, el magistrado Noales Tintoré, ordenó la gran redada que se llevaría cabo dos días más tarde.
Jordi Rojo Vergara y su familia habían estado viviendo en Barcelona de alquiler, hasta 2019. «La casera nos subió la cuota de 600 a 900 euros. La verdad es que estábamos haciendo el ‘pringao’. Nos fuimos a vivir con mi suegra durante un tiempo. Fue entonces cuando decidimos recuperar la casa de mis padres, en la que yo había vivido toda la vida, hasta que me casé. Pensaba que la tenía mi hermano, con el que había perdido el contacto».
«Al descubrir que la casa estaba ocupada puse la denuncia en el juzgado. Fue el 2 de febrero de 2020, unas semanas antes de la pandemia. Puse al día los papeles de la herencia, con el notario. La casa había sido del Incasol [Institut Catalá del Sól]. Arrastraba una deuda importante: 26.000 euros, que pagué, junto con 10.000 euros de intereses, 5.000 euros de comunidad y 7.000 euros del IBI. Porque era mi casa, nuestra casa», relata Jordi Rojo Vergara.
LOS MOSSOS COMETIERON EL ERROR AL NO VERIFICAR LA SITUACIÓN DEL PISO
Después de aquello, la abogada de Jordi Rojo Vergara, Aranzazu Fernández Menéndez, presentó una reclamación de indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionaron por el «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».
«Al no producirse comunicación alguna entre los Juzgados de Instrucción 5 y 4 de Badalona entre las fechas de 25 de junio de 2020 y 2 de julio de 2020 sobre la recuperación de la vivienda y la retirada de las pertenencias por quienes la habían ocupado, no se anuló la entrada y registro prevista para el día 2 de julio de 2020», relata la abogada.
Ese día, los agentes de la Policía Judicial, «creyendo que los investigados en el procedimiento 89/2020 [la operación contra ‘Los Manolos’] seguían en aquel domicilio, forzaron la cerradura, rompieron la puerta y redujeron mediante el uso de la fuerza a la primera persona que hallaron dentro, el señor Jordi Rojo Vergara, legítimo propietario, todo ello en presencia de su hijo menor«.
El cambio de la puerta costó 1.452 euros, a lo que hubo que sumar una nueva cerradura, por valor de 840,95 euros. En total, la abogada cuantifica los daños totales en 8.692,95 euros.
«El señor Rojo Vergara y su familia no tenía el deber jurídico de soportar lo que tuvo que soportar», subraya la letrada, para quien hubo un indudable funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], sin embargo, entiende que no ha habido ningún error ni tampoco funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
Porque dado que había una autorización judicial de entrada y registro el propietario de la vivienda tiene “el deber de soportar las consecuencias dañosas del empleo del auxilio de la fuerza autorizado por la Ley”.
No obstante, el CGPJ admite que hubo un error, pero no de la Justicia sino de los Mossos d’Esquadra que debieron asegurarse previamente que los datos de los domicilios en los que iban a entrar debían haber estado verificados y confirmados.
En el caso de Jordi Rojo Vergara, se violó su domicilio, se produjeron daños y por ello es necesario reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero no van a ser los casi 9.000 euros sino una cantidad sensiblemente menor.
«Para mí las cosas están muy claras. La entrada y registro en nuestra casa fue, si me permite la expresión, ‘una cagada en toda regla’. Los mossos demostraron tener muy poco tacto. Cuando uno se equivoca, y da lo mismo quien sea, lo lógico es reconocer el error y pedir perdón. Y resarcir al que ha sufrido su ineficacia. 6.000 euros me parecería poco, la verdad», concluye.
