La noche del 14 de octubre de 2016 a Gabriel R., un español de 34 años que trabajaba en una de las 6 franquicias que tiene McDonald’s en Bournemouth, localidad de la costa suroeste de Inglaterra –a 167,5 kilómetros de Londres–, su vida cambió para siempre.
Un joven cliente le agredió de forma muy grave cuando estaba cerrando el establecimiento. Recibió un puñetazo que le dejó en coma durante un largo periodo, de lo que se ha ido recuperando poco a poco. Pero nunca volverá a la normalidad. Porque la agresión le hundió parcialmente parte del cráneo, dejándole daños sin solución en el cerebro.
El McDonalds de Bournemouth se encontraba en una situación evidente de riesgo.
Prueba de ello es que la Policía tuvo que ser llamada en 70 ocasiones por los conflictos que se produjeron en el interior de ese local a lo largo de 2016. Este fue uno más.
El agresor fue condenado, por la jurisdicción penal, a una pena de trabajos sociales y a pagar una multa de 1.500 libras (1.730 euros). Un castigo insignificante respecto al daño infringido al español.
Gabriel R., soltero, en aquel momento se encontraba trabajando en Inglaterra para aprender inglés. Su objetivo, a su regreso a España, era montar un negocio relacionado con el mundo del transporte porque de profesión era camionero. El conocimiento del «latín» de nuestros días, el inglés, era fundamental para esa ocupación.
Ahora se halla en Alicante, cuidado por su familia de forma permanente, y por la Sanidad española.
DEMANDA MILLONARIA
El caso, sin embargo, no se quedó en la jurisdicción penal. Isidoro Bonilla, «solicitor» español del despacho inglés Levenes, ha articulado la demanda civil del español ante la Kings Bench Division, el tribunal que tiene competencia sobre grandes litigios comerciales (cualquier cosa que supere las 100.000 libras esterlinas entra automáticamente en esta categoría), asuntos de transporte, construcción e informática; daños civiles (por ejemplo, difamación y calumnia); negligencias médicas; y reclamaciones por daños personales, como es el caso.
La Kings Bench Division está encuadrado en la «High Court» de Inglaterra y Galas y tiene su sede en los edificios de los «Royal Courts of Justice», en pleno centro de Londres. Es la primera instancia.
El 18 de abril del año que viene su caso se verá ante ese tribunal. Un «barrister» civilista, un abogado autorizado a intervenir ante la Kings Bench Division gracias a sus derechos de audiencia, argumentará el caso en representación del español, solicitando una indemnización que podría superar el millón de libras esterlinas (1.153.602 euros).
En Inglaterra y Gales hay dos tipos de abogados: los «barristers» y los «solicitors», que asesoran a los clientes y preparan los “briefs”, los pliegos de documentos, junto con toda la información de los casos, que son entregados a los primeros junto la autorización para actuar en nombre de su cliente.
«El suceso fue evitable. La parte contraria dice que Gabriel no sabía comunicarse en inglés con los clientes, por lo que lo sitúan en una situación de riesgo. Sobre todo al tener que cerrar la puerta del establecimiento. Ese local fue visitado cerca de 70 veces durante ese año por la Policía”, afirma el «solicitor» español Isidoro Bonilla
En principio la vista tendrá una duración de nueve días. En ese intervalo de tiempo las partes presentaran sus argumentos para que el juez decida sobre el asunto. Ya se han celebrado dos vistas preliminares.
En la actualidad se están cerrando los últimos flecos de lo que es la evidencia de cara al inminente juicio. “Estamos con una reclamación sustancial donde buscamos la reparación financiera los daños causados, tanto en el pasado como el futuro al propio Gabriel que son importantes porque se ha convertido en dependiente de por vida”.
Este asunto se ha dilatado en el tiempo seis años va a hacer el próximo mes de octubre desde que Gabriel sufrió dicha agresión “este tipo de asuntos suelen demorarse. Aquí en Inglaterra el plazo límite para iniciar una reclamación es de tres años frente al año que hay en España para empezar la acción civil en un accidente de responsabilidad civil extracontractual”.
“En este periodo de tiempo las partes siguen un protocolo de preacción hasta que llega el propio proceso judicial”.
La demora para Bonilla está justificada. “Al ser un caso complejo y necesitar evidencia pericial y varias citas médicas por las dos partes, es normal que un caso de esta complejidad tarde este tiempo consumido”.
El abogado español, Isidoro Bonilla, «solicitor» en Inglaterra y Gales, quien representa al joven que fue agredido en Bournemouth.
CLAVES DEL CASO
Para este abogado, “las claves del caso son dos. Lo primero es determinar si hay responsabilidad directa del franquiciado. Si se decide que la hay, hay que cuantificarla. Segundo, hay que establecer si se podría haber anticipado que un incidente de esta naturaleza podría suceder. Nosotros pensamos que sí, que se podría haber evitado. La otra parte argumenta que el riesgo de violencia de este McDonald’s era medio. A nuestro juicio, aunque el riesgo fuera de tipo medio, podría haberse evitado».
Y retiera: «El suceso fue evitable. La parte contraria dice que Gabriel no sabía comunicarse en inglés con los clientes, por lo que lo sitúan en una situación de riesgo. Sobre todo al tener que cerrar la puerta del establecimiento. Ese local fue visitado cerca de 70 veces durante ese año por la Policía”.
En este tipo de conflictos la posibilidad de llegar a un acuerdo siempre está latente.
McDonald’s tiene 6 franquicias en esta ciudad costera inglesa en la que trabajaba el español que fue agredido gravemente.
Sin embargo, en esta ocasión Bonilla no acaba de verlo claro. “En estos seis años el contacto con la aseguradora del franquiciado ha sido muy escaso. No hemos tenido noticias de ellos ni se han interesado por Gabriel de ninguna manera”.
“El franquiciado a través de su aseguradora deniega todo tipo de responsabilidad y no colabora de ningún sentido. Hasta ahora los contactos han sido via telefónica, correos electrónicos, lo que nos ha obligado a demandarla», señala.
En la «common law» inglesa este tipo de casos tienen que ir muy trabajados pues, en caso de perder, el recurso de apelación ante la «Court of Appeal» no es automático ni libre. Hay que argumentar su permiso y justificarlo. A diferencia de la jurisdicción española, todo resulta muy caro.
