Carlos Sardinero, abogado especialista en Derecho penal, Derecho Administrativo y negligencias médicas; Álvaro Irurita, nombrado recientemente director de Plataforma REDeS; Ofelia de Lorenzo, socia directora del área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados y presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS); Escarlata Gutiérrez, fiscal, asesora del Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes que participa en la implantación de la Ley; Juan Abarca, consejero delegado de Promede y María Rodríguez de Alba, directora de Responsabilidad Sanitaria de Promede
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal el próximo 3 de abril marcará un hito en el sistema judicial español, introduciendo cambios significativos en la gestión de conflictos civiles. Este fue el punto de partida de la tertulia médico-jurídica organizada por Promede, con la colaboración de Plataforma REDeS, e inaugurada por el consejero delegado de Promede, Juan Abarca, bajo el título “La gestión de las controversias sanitarias ante la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público” en la que se puso de manifiesto que a partir de esta fecha será obligatorio acudir a uno de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que buscan fomentar la resolución extrajudicial humanizando las controversias y promoviendo soluciones pacíficas y colaborativas, antes de llegar a los tribunales.
Álvaro Irurita, nombrado recientemente director de Plataforma REDeS, explicó durante su intervención que, en el ámbito de la responsabilidad sanitaria no podemos limitarnos a ver los conflictos como simples reclamaciones legales, debido a que detrás de cada caso hay historias humanas marcadas por el dolor, la frustración y, en muchos casos, la pérdida. Por ello, señaló que es necesario apostar por un modelo en el que los Medios Adecuados de Solución de Controversias no sean una opción secundaria, sino una etapa esencial en el camino hacia la justicia. La mediación o la conciliación no solo facilitan una resolución más ágil y eficaz, sino que también aportan la sensibilidad y el conocimiento técnico necesarios para abordar estos conflictos con humanidad.
Para entender en profundidad esta nueva ley, la jornada contó con la intervención de Escarlata Gutiérrez, fiscal, asesora del Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes que participa en la implantación de la Ley, en la que insistió en que este tipo de soluciones consensuadas tienen mayor relevancia que aquellas impuestas por un juez. De hecho, destacó que, a pesar de que solo el 1% de los conflictos se resuelven por mediación en Europa, existen países que demuestran que un proceso de mediación es hasta 10 veces más ágil y hasta 4 veces más económico que un procedimiento civil o mercantil ordinario, por lo que estamos ante un cambio de paradigma. A modo de ejemplo, expuso que el coste medio de la mediación es de unos 1.833 euros, frente a los 8.015 que el mismo procedimiento tendría en la jurisdicción ordinaria.
En la sesión, moderada por la Dra. María Rodríguez de Alba, directora de Responsabilidad Sanitaria de Promede, participaron también Dña. Ofelia de Lorenzo, socia directora del área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados y presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS); Álvaro Irurita, director de la plataforma REDES y Carlos Sardinero, abogado especialista en Derecho penal, Derecho Administrativo y negligencias médicas. Durante su intervención destacaron que la humanización de los conflictos es uno de los temas más valorados por los pacientes. Por ello, los expertos apuestan por explorar diversas alternativas MASC (como la mediación, la conciliación, la opinión de persona experta independiente o la negociación directa) a la hora de llevar a cabo la resolución extrajudicial de un determinado conflicto. Asimismo, señalaron que la clave está en encontrar soluciones desde el conocimiento técnico de las distintas alternativas antes de acudir a la justicia y siempre fomentando el diálogo y la transparencia con los pacientes. La especialización y el trabajo colegiado de experto en derecho sanitario junto a perito médico es fundamental para encontrar el MASC idóneo.
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