Ramon Casanova Burgués, Diputado del Colegio de la Abogacía de Barcelona
Arranca un nuevo ejercicio judicial repleto de novedades y de importantes proyectos legislativos en trámite parlamentario. Quizás, los más importantes, son los que se refieren a las medidas de carácter organizativo, procesal y de digitalización, con las que se busca mejorar la eficiencia del servicio público de justicia.
Se trata de la base normativa de un proyecto más ambicioso, el llamado Plan Justicia 2030, con el que se pretende articular una tutela judicial más efectiva con un triple objetivo: asegurar el acceso al ejercicio de derechos y libertades; contribuir a la sostenibilidad, la cohesión social y la cogobernanza; y mejorar la eficiencia del servicio público de justicia.
También, seremos testigos de la entrada en vigor de una norma muy esperada: la referida a la reforma concursal. Una ley de suma importancia por el impacto que tiene sobre el tejido económico y productivo del país, y que, en su tramitación, ha sido objeto de numerosas enmiendas, revelando el interés y el calado de la misma en el actual contexto. En este sentido, conviene destacar el papel de los profesionales de la abogacía y de la procura, cuya intervención se ha previsto finalmente como preceptiva en todos los procedimientos en el texto aprobado, recogiendo así una de las reivindicaciones de ambos colectivos para garantizar una tutela jurídica plena de quien acude a los sistemas de insolvencia dispuestos en la nueva ley.
Realmente, son muchas y muy relevantes las normas que han integrado el Plan Anual Normativo para el año 2022, con un total de 368 iniciativas legislativas. Muchas más que en anteriores ejercicios. Y muchas, también, relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, han sido un total de 61 las iniciativas que se han reflejado en este plan de actuación normativa, directamente conectadas con la estrategia dirigida a canalizar los fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea.
Asimismo, 102 de las normas previstas en el reseñado plan se refieren o tienen el propósito de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico normas del Derecho de la Unión, incluyendo la trasposición de importantes Directivas.
Además, muchas de las nuevas normas que han entrado recientemente en vigor o que se prevén que lo hagan próximamente suponen un cambio de paradigma en numerosos sentidos. Especialmente en el ámbito de la Administración de Justicia. Pues no se trata solo, aunque también, de normas con las que se adapta la respuesta procesal del ordenamiento jurídico a la realidad social del momento. Sino que las reformas proyectadas van más allá y representan, en muchos aspectos, cambios sustantivos y operativos de una gran relevancia.
Una nueva forma de trabajar para los operadores jurídicos, sobre la base de elementos tales como la actividad negocial previa, la asunción de nuevos conceptos como el del “abuso del sistema público de justicia”, o la reorganización del mapa judicial en torno a unos órganos colegiados (los Tribunales de Instancia) y unas modernas oficinas judiciales en los municipios.
Definitivamente, inauguramos un nuevo año judicial que tiene ante sí una serie de importantes retos, tanto normativos como de funcionamiento, a los que tanto la Abogacía como el resto de operadores jurídicos nos tendremos que adaptar para seguir prestando un servicio óptimo que garantice los derechos de la ciudadanía.
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