Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Los Autos de la Sala Tercera del Supremo de la semana pasada suspendiendo cautelarmente las consecuencias electorales de la Ley de Nietos han provocado la airada reacción periodística y radiofónica del gremio de los juristas cortesanos u oficialistas: ha sido, después del verano (y tras las Sentencias del caso Mascarillas y de la Audiencia de Badajoz), la ocasión de la rentrée. Y, dicho en términos taurinos, por la puerta grande.
Dentro de la comunidad de nuestro oficio, es un colectivo pequeño y que, salvo en los círculos estrictos de su tribu, llega a estas alturas de 2026 con un alto grado de descrédito: casi diríase que son los malditos. Se encuentra muy generalizada la opinión de que nada lo hacen gratis y que sus tomas de posición en público no son sino la contrapartida de lo que reciben de encargos y otras bicocas bien retribuidas. Por eso precisamente hay que salir al paso de ese pensamiento negativo y reivindicar la figura.
No hace falta recordar que cortesano -hoy, casi un insulto, y no digamos en femenino: cortesana– constituyó al inicio un elogio: piénsese en el libro de Baltasar Castiglione en 1528. Y, ya entre los juristas, ha habido precedentes muy ilustres: desde Guillermo Nogaret -el artífice de la acusación contra los Templarios en la Francia de comienzos del siglo XIV- hasta los Kammerjuristen o Kronjuristen de Prusia. Gente toda ella con una capacidad intelectual de primer orden. En España, en el franquismo, habrá que poner sobre la mesa, y sea cual fuere el pensamiento que se tenga sobre aquél régimen político, el nombre de Jesús Fueyo, que no iba al Palacio del Pardo a dar su opinión sin antes haber consultado nada menos que a Gerhard Auschütz, el gran comentarista de la Constitución de Weimer. Un respeto.
Se dirá que, como sucede en tantas cosas, el nivel hoy ha bajado mucho. Pero quedarse ahí es ocultar que esta gente presenta aspectos muy positivos.
Para empezar, su gran determinación: se muestran inasequibles al desaliento, pese a estar acreditado que perjudican a la causa a la que están entregados. Si la Sala Segunda condenó al Fiscal General del Estado y si David Sánchez -el enchufado, no el enchufante- se ha visto condenado, ha sido sin duda por lo pésimamente mal que lo han hecho sus defensores mediáticos. Ahora, con la Ley de Nietos (dicho sea de paso, nombre que, aun lejanamente, evoca la Ley de vientres, impulsada por Segismundo Moret en 1870 como primer paso para la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico), tres cuartos de lo mismo. Los discursos incendiarios sobre el ataque a la democracia –“se está privando de lo más elemental, que es el derecho de voto”- vienen a confirmar lo que en los Autos era sólo una conjetura, que esos sufragios están sesgados desde el principio en favor de quien ahora se desvela de manera abierta. La confesión -lo sabemos desde el Derecho romano- es la reina de las pruebas.
Sí, son gente a la que nadie puede acusar de falta de determinación: pudiera decirse que están incluso obcecados, aun cuando en efecto resulte evidente que, en materia de goles en propia puerta, son auténticos Pichichis, el gran delantero bilbaíno Rafael Moreno Aranzadi, por cierto sobrino de Miguel de Unamuno. Gente tan voluntariosa resulta infrecuente, y por tanto valiosa por lo escaso, incluso en los tiempos de esa vertiente postmoderna del tribalismo que se llama polarización.
Otro rasgo que merece aplauso -sólo los mezquinos lo pueden negar- es su previsibilidad. En esta época de incertidumbre y por tanto dificultad de vaticinar, a ellos no se les puede negar que nunca flaquean cuando tienen que dar la cara. Hay jueces cuyas decisiones provocan en los juristas cortesanos un efecto poco menos que automático, casi como un acto reflejo. Al simpar Peinado, el instructor del caso Begoña, se añade la Sala Tercera del Supremo, que hasta ahora, y a diferencia de la Sala Segunda, vegetaba sin pena ni gloria por el panorama jurisdiccional: lo que se llama un perfil bajo o incluso subterráneo. En cuanto a un Magistrado se le ocurre someter a control al gobernante, se le acusa de lawfare, palabra de notorio origen catalán pero que la lengua de Cervantes ha hecho suya y se aplica a las primeras de cambio. Si hubiese existido en la Prusia del siglo XVIII, los juristas cortesanos de entonces la habrían empleado para descalificar al juez berlinés que le dio la razón al molinero de Sans Souci que tuvo la osadia de darle la razón frente a Federico el Grande.
En síntesis, que a los juristas del oficialismo no se les pueden negar virtudes tan meritorias (y hoy escasas) como su determinación y su previsibilidad. Si de verdad lo hacen por dinero, será un dinero bien habido: han sudado la camiseta con gran sacrificio -hay narrativas que fuerzan tanto las cosas que sin duda generan vergüenza en los propios autores: cada línea de esos discursos periodísticos (firmados, además) debe retribuirse bien, aunque sólo sea en concepto de indemnización- y se lo merecen todo. No vamos a pretender que nadie sea tan altruista que se achicharre a cambio de nada. En efecto, hay que ser justos cuando se juzga a las personas. No vale quedarse sólo en lo malo.
Estamos llegando al final de esta legislatura y los oráculos de las urnas anuncian que dentro de unos meses los partidos gobernantes sean otros. De ser así, aflorará un nuevo grupo de juristas cortesanos. De ellos cabe esperar que sean al menos tan determinados y tan previsibles (para decirlo todo, tan abnegados) como sus antecesores. Se van a encontrar un listón muy alto. Tendrán que esmerarse.
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