Manuel Hernández, Director y socio del Bufete Vilches Abogados
Una pareja con hijos se separa. Con el paso del tiempo, los menores expresan sus preferencias sobre dónde quieren vivir, y empiezan las dudas y posibles conflictos.
Esto lleva a muchos padres a preguntarse si esa decisión depende de la voluntad del hijo o si es necesario que intervenga un juez. La ley tiene en cuenta la opinión del menor, pero no le permite decidir por sí solo.
¿Puede un menor decidir con quién vivir?
No.
Un menor no puede decidir por sí solo con cuál de sus padres vivir, independientemente de su edad. Lo que sí establece la ley es que, cuando el menor tenga suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de 12 años, deberá ser escuchado antes de que el juez adopte una decisión que le afecte.
Esto significa que su opinión forma parte de las pruebas que se valoran durante el procedimiento, pero no determina automáticamente el resultado. El objetivo de la justicia no es cumplir el deseo del menor sin más, sino comprobar qué opción responde realmente a su interés superior.
Derecho del menor a ser escuchado
Uno de los principios más importantes del Derecho de familia.
Los menores tienen derecho a expresar su opinión cuando se va a tomar una decisión que afecta directamente a su vida. Sin embargo, esto no significa que sean ellos quienes decidan, sino que su punto de vista debe ser tenido en cuenta junto con el resto de las circunstancias del caso.
Este derecho está reconocido en el art 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que establece que los menores tienen derecho a ser oídos y escuchados, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento judicial o administrativo que les afecte, siempre de una forma adaptada a su edad, madurez y capacidad de comprensión.
Además, el art. 92 del Código Civil dispone que, en los procedimientos sobre guarda y custodia, el juez deberá escuchar a los menores que tengan suficiente madurez y, en todo caso, a los mayores de 12 años antes de adoptar una decisión.
Este derecho también está reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas, que señala que los menores pueden expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten y que esta deberá valorarse en función de su edad y grado de madurez.
¿A partir de qué edad se escucha al menor?
Existe bastante confusión sobre este aspecto.
Se tiende a creer que a los 12 años el menor ya puede decidir con quién quedarse. En realidad, los 12 años no convierten su opinión en vinculante.
Lo que sucede es que esa edad marca el momento a partir del cual el juez debe escuchar al menor de forma obligatoria, salvo circunstancias excepcionales. Sin embargo, también pueden ser escuchados menores cuando demuestran la suficiente capacidad para comprender la situación y expresar una opinión razonada.
Por tanto, la edad es fundamental, pero la madurez también juega un papel fundamental.
¿Cómo se escucha la opinión del menor?
No consiste en que el niño o adolescente comparezca en un juicio abierto o tenga que declarar delante de sus padres. El procedimiento está diseñado para protegerlo y evitar que se sienta presionado.
Normalmente, la entrevista se realiza en un entorno adecuado, con la intervención del juez o de profesionales especializados, como psicólogos o equipos técnicos adscritos al juzgado.
Durante esa conversación se intenta conocer cómo vive la situación familiar, qué relación mantiene con cada progenitor, cuáles son sus necesidades y, fundamental, si su opinión es libre o está condicionada por alguno de los padres.
No se trata de hacerle elegir entre su padre o su madre, sino de conocer cómo percibe su situación y qué circunstancias considera importantes.
¿Qué importancia tiene la opinión del menor?
Puede tener mucho peso en la decisión judicial, especialmente cuando demuestra una madurez suficiente y explica de forma coherente los motivos de su preferencia. No obstante, no es el único elemento que se valora.
El juez analizará el conjunto de las circunstancias familiares para determinar qué solución le resulta más beneficiosa. Por ejemplo, puede ocurrir que un adolescente manifieste querer vivir con uno de sus padres porque tiene menos normas o más libertad. Aunque esa sea su voluntad, el juez puede considerar que la otra opción garantiza una mayor estabilidad, una mejor atención o un entorno más adecuado.
En otras ocasiones, si la preferencia del menor está bien fundamentada y coincide con el resto de las pruebas, sí puede influir de manera decisiva en la resolución, En definitiva, cada caso se estudia individualmente.
¿Qué factores tiene en cuenta el juez para decidir la custodia?
No basa su decisión en un único aspecto, sino que realiza una valoración global de todas las circunstancias que rodean al menor y a su familia. El objetivo es determinar qué opción garantiza mejor su estabilidad, desarrollo y bienestar.
Factores decisivos para la custodia de un menor
Por norma general, un juez:
- Analiza la relación afectiva que el menor mantiene con cada uno de sus progenitores y el grado de implicación que ambos han tenido en su cuidado antes de la separación.
- Valora quién se ha ocupado habitualmente de su educación, su atención diaria, sus necesidades médicas o sus actividades cotidianas, ya que estos aspectos permiten conocer cuál ha sido el papel de cada progenitor en la vida del hijo.
- Tiene en cuenta la capacidad de ambos para ofrecer un entorno estable. No solo la situación económica, sino también la estabilidad emocional, la disponibilidad para atenderle y las condiciones que pueden favorecer su desarrollo personal.
- Procura que la decisión afecte lo menos posible a la rutina del menor. Por ese motivo, analiza su adaptación al colegio, a su entorno social, a sus amistades y al lugar donde ha desarrollado su vida hasta ese momento. Mantener esa estabilidad, siempre que sea beneficiosa para él, suele ser un aspecto muy relevante.
- Valora la capacidad de los progenitores para comunicarse y colaborar en todo lo relacionado con la crianza. Una relación de respeto entre ambos facilita que el menor mantenga un vínculo sano con su padre y con su madre, incluso después de la separación.
Por último, cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su bienestar tendrá un peso decisivo en la resolución. La existencia de situaciones de violencia familiar, malos tratos, negligencia o cualquier otra conducta que pueda perjudicar al hijo será especialmente tenida en cuenta por el juez.
Todas estas circunstancias se analizan conjuntamente, sin que exista un único factor determinante.
¿Puede cambiar la custodia porque el menor quiera vivir con el otro progenitor?
Sí, pero no basta con que el menor exprese ese deseo.
Cuando ya existe una sentencia que regula la custodia, será necesario solicitar una modificación de medidas acreditando que se ha producido un cambio considerable respecto a la situación existente cuando se dictó la resolución anterior.
La voluntad del menor puede ser uno de esos elementos, especialmente si ha crecido, ha alcanzado mayor madurez y existen razones objetivas que justifican el cambio. Con todo, el juez volverá a valorar todas las circunstancias y decidirá si modificar la custodia resulta realmente beneficioso.
¿Qué ocurre si uno de los padres influye en la decisión del menor?
Esta situación preocupa especialmente a los tribunales.
Durante la audiencia del menor y mediante los informes psicológicos, los profesionales intentan detectar si existe manipulación, presión o falta de espontaneidad en las manifestaciones del menor. Si el juez aprecia que la opinión expresada no responde realmente a la voluntad del menor o está claramente condicionada, reducirá considerablemente el valor de sus declaraciones.
Por este motivo, se debe evitar que los hijos se conviertan en intermediarios o participen en los conflictos entre sus padres.
¿Puede un menor negarse a cumplir el régimen de visitas?
Otra duda muy habitual.
Aunque un menor lo manifieste, esa negativa no implica automáticamente que el régimen de visitas deje de cumplirse. Mientras exista una resolución judicial vigente, ambos progenitores deben respetarla.
Si las circunstancias han cambiado o existen problemas importantes en las visitas, lo adecuado es acudir al juzgado para solicitar una modificación de las medidas establecidas.
Cuando la negativa del menor es persistente y está suficientemente justificada, el juez estudiará las causas y podrá adaptar el régimen de visitas si considera que ello le beneficia.
Aunque la opinión de los hijos tiene cada vez mayor importancia en los procedimientos de familia, la ley no les atribuye la capacidad de decidir por sí solos con quién vivir.
Su voluntad será escuchada y valorada, especialmente cuando tengan suficiente madurez, pero la decisión final corresponde siempre al juez, que deberá adoptar la solución que mejor garantice su estabilidad, desarrollo y bienestar.
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