¿Por qué el Rey preside cada mes de septiembre el acto de apertura de tribunales, que se celebra en el Salón de Plenos del alto tribunal?¿Y por qué el Rey se pone la toga, como si fuera un magistrado del Tribunal Supremo, cuando no lo es?
Todo tiene su explicación.
La Constitución dice, en su artículo 117, que «La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».
Y en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se repite lo mismo, idéntico. Un calco: «La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley».
Este es el punto de partida principal.
El Rey Felipe, como su padre, antes, es el Jefe del Estado que, en este caso, representa al pueblo de donde nace o procede la legitimidad que tienen los hombres y mujeres que administran justicia en España para hacer su trabajo.
De hecho, muchas de las sentencias que se emiten cada día llevan el siguiente encabezamiento: …en virtud de la potestad conferida por la Soberanía Popular y en nombre del Rey formula la siguiente sentencia…»
Por ello, es legítimo que, aún no siendo magistrado, se vista con la conocida toga forense y lleve las distinciones de un juez del Tribunal Supremo, además del Gran Collar de la Justicia, que suele ponerse el presidente del Tribunal Supremo.
Simbólicamente, el pueblo, en la persona del Rey, de su Jefe del Estado, se pone las distinciones que le corresponden por derecho. Y preside el principal acto anual de apertura de tribunales.
Por eso, todas las sentencias llevan -o deberían llevar- en su encabezamiento «en nombre del Rey».
NO SIEMPRE LA PRESIDIÓ EL REY
La tradición de que el Rey presida el acto de tribunales, por otra parte, no está reglada ni establecida en ningún sitio. Y tiene un origen curioso.
La lógica oficial indica, con gran razón, que es consecuencia de lo que dice la Constitución, pero no es así.
Parte de un conflicto que se produjo en 1980 entre el entonces ministro de Justicia, Pío Cabanillas, miembro de Unión de Centro Democrático, la conocida UCD -el partido del que era líder Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno-, y el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Federico Carlos Sáinz de Robles.
Hay que recordar que en ese año, de 1980 acababa de nacer el órgano de gobierno de los jueces y que Sáinz de Robles había asumido esa responsabilidad.
El conflicto se produjo porque Pío Cabanillas dijo que ese año iba a presidir él el acto, como lo habían venido haciendo todos los ministros de Justicia que le habían precedido durante los últimos 41 años.
Y así se lo comunicó a Sáinz de Robles.
Sin embargo, el presidente del CGPJ no estuvo de acuerdo en absoluto.
Nuestra nueva Constitución establecía la división de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Pío Cabanillas pertenecía al Ejecutivo y si se permitía que presidiera la apertura de tribunales era como si se admitiera públicamente la preponderancia del Ejecutivo sobre el judicial.
Sáinz de Robles trató de hacer entrar en razones Pío Cabanillas, pero el ministro de Justicia no dio su brazo a torcer, por lo que tuvo que optar por una solución… alternativa.
El Consejo General del Poder Judicial ocupaba entonces las dos últimas plantas del antiguo edificio de la Audiencia Nacional, que se encuentra en la calle Génova de Madrid.
Dicho órgano judicial estaba presidido por su creador, el magistrado Rafael de Mendizábal, quien tenía una relación personal con el joven monarca, el Rey don Juan Carlos.
Mendizabal entendió el problema y, sin dilación se fue a hablar con el Jefe del Estado.
La reunión, según nos ha contado Mendizábal, no duró demasiado. El Jefe del Estado entendió con claridad la raíz del serio conflicto que se había creado con la actitud cerrada del ministro de Justicia.
Los jueces habían abrazado a la joven democracia con todas las consecuencias y estaban determinados a acabar con los usos y costumbres del pasado.
Así que el rey aceptó, sin discusión, la propuesta que Mendizábal le había puesto sobre la mesa.
Como Jefe del Estado debía ser él quien presidiera el acto de apertura de tribunales que, como todos los años, desde 1868, se celebraba cada 15 de septiembre en el Tribunal Supremo.
De esa manera, a Pío Cabanillas no le quedó nada por hacer. Ni siquiera protestar.
¿Cómo podía discutir que la máxima autoridad de la nación se sentara en el sillón de la presidencia del Alto Tribunal?
Y así sucedió.
Don Juan Carlos se vistió con la toga forense, se puso el gran collar de la Justicia, y presidió aquella sesión y casi todas las restantes que han tenido lugar desde entonces.
Lo que fue una solución para salir del paso se convirtió en una tradición que se ha venido respetando escrupulosamente hasta nuestros días cada año.
