Dice el Eclesiastés –un libro del Antiguo Testamento perteneciente al grupo de los denominados “libros sapienzales” o de enseñanzas– que “Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento”. “Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar; un tiempo de guerra y un tiempo de paz”.
Y un tiempo para hacer balance.
Hoy, 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficina, hace un año y dos días que Pilar Llop Cuenca, magistrada de formación, fue nombrada ministra de Justicia. 367 días al frente de un Ministerio muy complicado, que es lo más parecido cabalgar sobre un tigre.
Nada que ver con la Presidencia del Senado (2019-2021). O con su puesto como delegada del Gobierno contra la violencia de género (2018-2019).
La ministra, a pesar de todo, está satisfecha.
“Este ha sido un año muy intenso y muy complejo, también políticamente. Con un parlamento muy fragmentado que ha exigido un esfuerzo de diálogo y de consenso importante. De forma especial en las conferencias sectoriales. El gran proyecto de las tres leyes, la de eficiencia organizativa, la digital y la procesal, va a hacer realidad un sueño. Y es que va a permitir poner la justicia a mano de la ciudadanía. Cualquier ciudadano, con independencia de donde viva o de su condición social podrá acceder a la Justicia a través de la red de nuevas oficinas judiciales municipales. No va a haber nada tan cohesionador, desde el punto de vista social y territorial, como estas oficinas”, explica.
La última decisión que ha tomado ha sido la de llevar al Consejo de Ministros el proyecto de Ley del Derecho de Defensa, largamente esperada por la abogacía.
“Viene a reconocer el derecho de defensa como un derecho fundamental e inalienable. Nos a va situar en un nivel muy moderno porque va más allá, incluso, del artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y del artículo 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Será este mes”, avanza.
En este día, ministra, hay quejas de los abogados del turno de oficio en territorio Ministerio [Comunidades Autónomas de Extremadura, las dos Castillas, Murcia, Islas Baleares, Ceuta, Melilla y los órganos centrales] de que se están produciendo retrasos en el pago de sus emolumentos.
Sí es verdad. Le confieso que es una de las preocupaciones que tengo. Estamos intentando poner una solución. Porque se hace a través de una plataforma. Quiero pedir un poco de paciencia a los profesionales que sirven en el turno de oficio. Soy muy consciente de su situación. Mi marido es también abogado del turno de oficio. Estoy plenamente concienciada con ello.
¿En esa futura Ley del Derecho de Defensa abordan la asignatura pendiente de la defensa de las personas jurídicas por el turno de oficio?
Ahora mismo no estamos en clave de revisar su reforma porque tenemos otras muchas reformas pendientes, muy importantes. Y muy poco tiempo por delante para poder abordarlas.
Pilar Llop pide paciencia a los profesionales del turno de oficio que están sufriendo el retraso en la percepción de sus emolumentos. Está en vía de solucionarlo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Ya sabe que el Colegio de la Abogacía de Madrid ha hecho bandera de esto.
Soy muy consciente de la existencia de esta problemática, que no es de ahora, sino que viene de largo. Desde aquí reitero mi compromiso con la abogacía para solucionar todos los problemas. Pero cada cosa lleva su tiempo y los recursos materiales y humanos que tenemos son limitados. En estos momentos estamos inmersos en una transformación histórica, desde el punto organizativo. Todas nuestras fuerzas están volcadas en esa dirección.
¿Se está refiriendo al hecho de que han conseguido que los nueve sistemas de gestión procesal existentes en el territorio de las diferentes Comunidades Autónomas y del Ministerio hayan comenzado a comunicarse entre ellos, por vez primera en la historia?
Es un hito sin precedentes, sí. Hemos conseguido que haya un diálogo tecnológico entre el Tribunal Supremo y todos los sistemas de gestión procesal de toda España. Ya son interoperables al ciento por ciento. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, nos ha felicitado por ello.
El comisario ha puesto en valor las grandes reformas estructurales que se están haciendo en cogobernanza con las Comunidades Autónomas. Es el producto del diálogo con las fuerzas políticas.
Su director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, dijo recientemente que la Justicia va a funcionar mejor que la Agencia Tributaria. Incluso avanzó el servicio de grabación de todas las vistas, su subida a la nube, y la transcripción de su contenido a papel electrónico. Se acabaron los CDs…
Es un sistema de Inteligencia Artificial, sí. Permite, incluso, la búsqueda rápida por palabras en el vídeo para facilitar que no tenga que verse todo ello.
¿Van a mantener una sola cámara en cada sala de vistas? Se lo digo porque las que hay están colocadas a las espaldas del juez, que no sale grabado. Muchos abogados me han comentado que sería muy útil a la hora de documentar algunos conflictos con sus señorías…
La verdad es que no me lo había planteado.
«Si nosotros queremos mantener el sistema que tenemos de pensiones, el sistema sanitario público, de alguna manera el crédito público también se tiene que ver protegido»
La Ley Concursal salió aprobada sin votos en contra. Sin embargo, ha sido critica por exonerar, o condonar, pequeñas cantidades de las deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
Estoy muy satisfecha sobre cómo ha salido. Es el producto de un trabajo de diálogo muy importante con las fuerzas políticas.
Su gestación ha sido muy compleja porque es una ley muy complicada. Es una ley que cambia el paradigma de las insolvencias. Transpone la Directiva lo que estábamos obligados. Pero, además, introducimos mejoras sustanciales en aspectos tecnológicos. Por ejemplo, para hacer más ágil el procedimiento, con la finalidad de evitar que las empresas las personas que se encuentran en una situación de dificultades económicas, tengan que ir directamente a un procedimiento de insolvencia y se vean obligadas a liquidar sus bienes.
Para que, de esta manera, empresas que son viables puedan continuar con su actividad para hacer reestructuraciones o hacer una buena liquidación. Una liquidación ordenada de las deudas, en caso de que tengan que hacerlo.
Su finalidad es la de mantener el tejido productivo de nuestro país sobre todo en momentos como estos en los que es importante atraer inversión, dar seguridad jurídica evitar el “forum shopping”, que se vayan a otras países donde los procesos de liquidación son más ágiles menos complejos menos costosos como era el caso de España.
La segunda oportunidad…
Es cierto que uno de los puntos de crítica ha sido el de la segunda oportunidad, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
En un principio, el texto no tocaba el crédito público. No se veía afectado. La Directiva, desde nuestro criterio la Directiva permitía que el Crédito Público no se tocase. Pero también es verdad que había alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo que se manifestaba en el sentido de la condonación la exoneración de las deudas a la seguridad social y las deudas con Hacienda.
Y es verdad que la práctica de los juzgados mercantiles no era homogénea. Algunos entendían que sí se podía aplicar el Texto Refundido otros entendían que no que era ultra vires y aplicaba la doctrina del Tribunal Supremo.
La Directiva se basa en un modelo anglosajón. Es un modelo de países nórdicos. De insolvencias que intentamos trasladar a nuestro sistema jurídico. Eso ya es complejo de por sí en nuestro sistema jurídico puramente cultura jurídica. Pero es que, además, esos países tienen sistemas de pensiones muy distintos al que tenemos en España. Son planes de pensiones privados.
Si nosotros queremos mantener el sistema que tenemos de pensiones, el sistema sanitario público, de alguna manera el crédito público también se tiene que ver protegido.
Esto también hay que explicarlo. No obstante, al final se pudo llegar a una negociación con las fuerzas políticas los grupos parlamentarios con Economía, con Hacienda y con Inclusión y Seguridad Social para que hubiera un máximo entendiendo que personas físicas o autónomos o consumidores que tienen un máximo de 20.000 euros de deuda con la Seguridad Social –10.000 con Hacienda y 10.000 con la Seguridad Social–tuvieran ese tope para conseguir la exoneración. Es una cantidad bastante prudente.
La ley será aprobada en segunda lectura en el Senado, calculo que a final de mes.
La ministra explica que, en lo referente a los aranceles de los procuradores, España estaba obligada a transponer la Directiva. Entiende que las organizaciones de la procura hayan recurrido ante el Supremo. «Están en su derecho», afirma. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia han sido particularmente combativas en estos meses precedentes…
Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia lógicamente hacen reivindicaciones muy legítimas. Precisamente, gracias a las negociaciones que se llevan a cabo, en el año pasado se les subió aproximadamente 195 euros al mes con efectos retroactivos. Han visto incrementado considerablemente en un porcentaje importante sus retribuciones.
Seguimos trabajando con ellos. Manuel Olmedo, el secretario general de del Ministerio de Justicia mantiene un diálogo constante, por ejemplo, para mejorar en el tema de las retribuciones por sustituciones, cuestiones que todavía quedan pendientes. Para nosotros los letrados agentes indispensables para todas las nuevas reformas que estamos acometiendo. Ya sabe usted: Las reformas organizativas, las reformas digitales y las reformas procesales.
El Consejo General de Procuradores de España, otros consejos autonómicos de procuradores y algunos Colegios han recurrido el Real Decreto que ha acabado con los aranceles mínimos y ha puesto un tope máximo de 75.000. ¿Qué espera usted que diga la Justicia?
Estábamos obligados a implantar la Directiva. Desde la Comisión Europea nos advirtieron que no faltaba todavía por transponer este aspecto. No sé en qué sentido va a responder el Tribunal Supremo pero la Directiva es muy clara, en ese aspecto, y entiendo que lo hayan recurrido. Están en su derecho.
¿Hay noticias sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal? Parece como si se la hubiera tragado la tierra…
Estamos pendientes de que el Consejo General del Poder Judicial nos envíe su informe. Está en su poder desde junio del año pasado. Hace un año. Se lo he reclamado varias veces al presidente del Consejo. Y lo necesito para poder elevarlo al Consejo de Estado.
¿La Fiscalía entregó ya el suyo?
Sí, la Fiscalía hizo un informe bastante negativo del Anteproyecto porque entendía que la figura del juez de garantías ejercía una especie de tutela sobre el fiscal instructor y que, por lo tanto, no cambiaba mucho el modelo.
Hablando del CGPJ. Supongo que habrá seguido los acontecimientos acerca de la proposición de ley, impulsada por el Grupo Socialista en el Congreso, que modifica la Ley Organica del Poder Judicial [LOPJ], para permitir que el órgano de gobierno de los jueces pueda elegir a los dos magistrados del Constitucional. ¿Entiende que desde el CGPJ hayan pedido poder informar sobre su contenido?
La LOPJ dice que el Consejo General tiene que informar sobre anteproyectos de ley que afecten a derechos fundamentales y a las reformas judiciales. Porque son normas que elabora, que propone el Gobierno, el Ejecutivo. Es importante comprender cómo funciona el sistema institucional. Porque el Poder Ejecutivo no tiene ninguna intervención a la hora de nombrar a los 20 vocales del CGPJ. Es una competencia del Poder Legislativo.
La naturaleza del CGPJ es parlamentaria. Y, por ello, no pude hacer informes a las proposiciones de ley que genere el Parlamento.
El legislador orgánico prevé esta relación para no romper los equilibrios entre los distintos poderes. Creo que es importante hacer pedagogía sobre esto y que entendamos cómo funciona nuestro sistema institucional. Estamos en un concepto moderno de división de poderes pero con interrelaciones entre ellos y con diálogo que debe ser institucional.
«Estamos pendientes de que el Consejo General del Poder Judicial nos envíe su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamient Criminal. Está en su poder desde junio del año pasado. Hace un año. Se lo he reclamado varias veces al presidente del Consejo»
El CGPJ podría hacer un estudio a la proposición de Ley.
Si así lo decide, y concluye que es conveniente, está en todo su derecho.
Algunos vocales podrían también pensar en abstenerse en la votación a los dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional una vez que el Parlamento apruebe esa proposición de Ley.
Yo creo que quien está en cargos institucionales tiene que asumir una posición de Estado que exige cumplir con lo que dice la ley y le exige la Constitución.
El actual CGPJ lleva caducado tres años y siete meses. Hay quien dice que Carlos Lesmes hace tiempo que debería haber seguido el ejemplo de Pascual Sala en 1996 y haber forzado la dimisión de los vocales para forzar la renovación. Sala entendía que si algo es democracia es renovación de las instituciones.
Yo se lo he planteado al presidente del Consejo. Le he planteado si la vía de la dimisión era algo que se podía contemplar en él o en los vocales del Consejo. Me ha respondido que no, que no era algo que se planteara.
La dimisión es una cuestión personal. Cada uno es responsable de las decisiones que toma, tanto en un sentido como en otro.
La ministra posando con el Premio Gumersindo de Azcárate, del Colegio de Registradores, que le fue entregado recientemente. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Dentro de unos días la Comisión Europea emitirá el informe sobre el estado derecho en la Unión Europea. ¿Qué espera usted?
Tengo una relación fluida con el comisario Raynders. Ahora hace un año prácticamente –yo llegué el día 12 de julio del año pasado al Ministerio de Justicia y el día 15 ya estaba reunida con él en Eslovenia en un Consejo de Ministros y Ministras de Justicia, en una reunión bilateral– le expliqué cuál era mi visión sobre la situación de falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Era lo que más le preocupaba a Raynders pero también a la vicepresidenta Vera Jurová.
Su idea, en un principio, era que en este informe del estado de derecho se contemplará un elemento, que es el de previa reforma del modelo de elección del CGPJ que tenemos en España y después proceder a la renovación.
Le expliqué cómo era el modelo que tenemos, que ha sido validado por una sentencia del Tribunal Constitucional de España. También le insistí en que no existían estándares en Europa. Porque en Alemania no existe Consejo del Poder Judicial alguno. Los ministros de Justicia de los Landers [equivalentes a Comunidades Autónomas] pueden, incluso, nombrar a magistrados.
En la República Checa, el país de procedencia de la vicepresidenta Jurová, tampoco tienen Consejo.
No hay un estándar único, le insistí.
«Hay una realidad evidente: cada vez que el Partido Popular ha estado en la oposición ha bloqueado la renovación del Consejo. Lo hizo en la quinta legislatura; el CGPJ tardó en renovarse casi dos años Ahora vamos para cuatro años. Porque el proceso de renovación del actual se inició en julio de 2018. Si democracia significa algo ese algo es cumplir la Constitución»
¿Está sugiriendo que el Partido Popular ha hecho creer que España no está cumpliendo con el estándar europeo de elección de los vocales del CGPJ?
El Partido Popular llevaba en su programa de Gobierno de 2011 que los doce vocales jueces del CGPJ iban a ser nombrados por la carrera judicial. Tuvieron una mayoría muy holgada, 187 diputados. Y no lo hicieron.
De hecho, hicieron lo contrario. Llevaron a cabo una reforma del CGPJ, que fue un error –a mi entender– porque lo debilitó sensiblemente creando un Consejo presidencialista, con una Comisión Permanente que era prácticamente todopoderosa y con unos vocales que iban de vez en cuando a los plenos o a las comisiones que les correspondía. Sin poder dedicarse al estudio de esos informes que hacen a los proyectos o al estudio de las de cuestiones que son realmente cuestiones de Estado.
Además, introdujeron dos categorías de vocales. Unos a tiempo completo y otros a tiempos parcial.
Debilitaron al órgano de gobierno de los jueces justo en el momento en el que el PP estaba siendo investigado por los asuntos de Gürtel. A mí esto me resulta curioso.
Se argumenta que el modelo de Consejo del Poder Judicial es el que establece el Consejo de Europa. Concretamente la Comisión de Venecia.
La Comisión de Venecia no dice que los jueces tienen que elegir a los jueces. Dice que los jueces deben elegir, o proponer, a los jueces, como ocurre en nuestro sistema.
La carrera judicial, los 5.000 jueces y juezas proponen a 50 candidatos. Y de esos candidatos, el Congreso y el Senado elige a seis cada uno. Al final es necesario que exista esa conexión, ese cordón umbilical entre el poder judicial y la ciudadanía a través del Legislativo.
Mire, hay una realidad evidente: cada vez que el Partido Popular ha estado en la oposición ha bloqueado la renovación del Consejo. Lo hizo en la quinta legislatura; el CGPJ tardó en renovarse casi dos años Ahora vamos para cuatro años. Porque el proceso de renovación del actual se inició en julio de 2018.
Si democracia significa algo ese algo es cumplir la Constitución.
Lo demás son excusas.
